El oficialismo metió otro proyecto de ley en el Congreso para intervenir en el comercio de granos. A la iniciativa presentada a inicios de febrero de la senadora Silvina Larraburu (Río Negro) que propuso recrear la Junta Nacional de Granos, se sumó hace pocos días otra de la diputada bonaerense Adriana Puiggros.
La propuesta de ley crea un “Instituto Argentino para la Promoción Granaria” (IAPG) cuya competencia será “el comercio, interno e internacional, de la totalidad de los cereales y oleaginosos, sus insumos, productos y subproductos”, según reza en su artículo 1°.
La legisladora aclara en sus fundamentos que “No proponemos recrear un organismo como la Junta Nacional de Granos”, sino otro con un carácter y poder de intervención “mucho más complejos” y con “mayores potestades” que el que tenía la vieja Junta.
Según publicó El Enfiteuta, la diputada sostiene que la intervención en el mercado de granos se justifica a partir de la ausencia de equilibrio en los agentes económicos que compiten de manera altamente desigual, lo que lleva la categoría de “libre mercado” a un mero “supuesto”.
“El supuesto ejercicio del libre mercado ha implicado sistemáticamente en estos mercados el predominio de unos pocos traders trasnacionales, como ADM, Bunge, Cargill, Dreyfus, Molinos o Nidera, que constituyen un oligopsonio dominante del mercado granario”, asegura la legisladora.
Puiggros añade que “El poder que debía tener el Estado para proteger el bienestar general, ahora lo tienen estas empresas, que como corresponde a cualquier empresa privada buscan maximizar sus beneficios. Solamente las diversas denuncias por evasión y elusión tributarias, que implicaron perjuicios al estado nacional por hasta miles de millones de dólares, justifican la intromisión pública en este mercado”.
Pero la intervención pensada por la diputada no se limita únicamente al comercio de granos y subproductos, también se otorga facultades al IAPG para intervenir en la provisión de insumos a la producción, así como el almacenamiento, fletes, y puede sugerir al Ejecutivo acciones de expropiación de considerarlo necesario, las que deben realizarse por ley.
