Tras algunos años de tensa calma, recrudeció el conflicto por la tierra en Bigand, la localidad del sur de Santa Fe en la que desde hace cien años más de 20 familias de colonos trabajan bajo el régimen de aparcería 3 mil hectáreas que pertenecieron a la familia fundadora del pueblo, según publica el diario La Capital.
Los productores de ese predio, acompañados por la conducción de la Federación Agraria se reunieron ayer con el secretario del Sistema Agropecuario de la provincia, Luis Contigiani, para denunciar una renovada ofensiva de la fundación propietaria de esos campos, para desalojarlos.
El caso es emblemático, ya que involucra a los primeros contratos de alquiler que se firmaron luego del Grito de Alcorta. Fue cuando Víctor Bigand, hijo del terrateniente que había comprado esos campos a fines del siglo XIX, acordó con los chacareros un régimen de arrendamiento modelo que, pese a todos los vaivenes de la historia, se mantuvo durante un siglo.
Las cosas comenzaron a complicarse en 2004, cuando murió la última heredera de Bigand, María Mercedes Octavia. Poco después salió a la luz su testamento por el cual donó la producción de esas tierras a una fundación a crear para realizar actividades de caridad y bien público, aunque sin afectar la situación de los colonos.
En aquellos años, los agricultores denunciaron que el albacea de “la señorita Bigand” los presionaba para dejar los campos, al resistirse a renovar los contratos o cambiar drásticamente sus condiciones. Tras un conflicto, la mayoría de las familias involucradas pudo quedarse por diez años más. Ese plazo se vence y ya comenzaron a llegar las intimaciones de parte de la Fundación Honorio Bigand, con sede en Buenos Aires.
Gerardo Lorenzetti, productor de tercera generación de la colonia de Bigand, es uno de los afectados. “Nos enviaron una nota en la que dice que el 31 de diciembre próximo tenemos que entregar los campos, pero eso implica además que tenemos que dejar de sembrar ahora, ya que la campaña es de junio a junio”. También denunció aumentos en el precio de los arrendamientos.
Pablo Paillole, dirigente de la Federación Agraria Argentina, explicó que de 24 agricultores que trabajan esos campos, son 14 las familias que enfrentan vencimientos. Otro grupo ya enfrenta conflictos por desalojo y otro tiene plazo hasta 2018. “En todos los casos la situación es muy precaria, y lo que está en juego es el propio modelo agropecuario: si esas tierras las van a seguir trabajando veinte familias o se las van a dar a un pool de siembra”, dijo.
