Así surge de la lectura del Boletín Oficial del decreto 1775 firmado por la presidente Cristina Kirchner y su equipo de ministros, el cual cuenta con un anexo de 65 páginas que distribuyen gastos adicionales a los aprobados en el Presupuesto original 2015 en $21.616 millones, de los cuales sólo se cubren con recursos tributarios superiores a los esperados $13.198 millones, el resto se financia con más deuda y emisión de pesos del Banco Central (fuentes financieras), según publica Infobae.
Semejantes erogaciones para todos y todas tienen como principales destinos al Ministerio de Trabajo para atender los programas de Acción Social a cargo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados ($13.198 millones) y $1.513 millones para “acciones de capacitación laboral”; el Ministerio de Planificación -$3.482 millones para “asistencia financiera a las empresas públicas”-; y el Ministerio de Interior y Transporte -$1.360 millones para “políticas de transporte ferroviario”-, entre otras en las que sobresalen $851 millones al Ministerio de Salud para “prevención y control de enfermedades endémicas” y $473 millones para la Secretaría de Inteligencia.
Pero como se está en tiempo de elecciones y se requiere no dejar área sin asistencia financiera adicional a la que aprobó el Congreso, pese a no contar con los recursos genuinos para solventarlos, el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y el ministro de Economía, Axel Kicillof, dispusieron dos decisiones administrativas que elevaron más el gasto por lo presupuestado, pese a que de ese modo atizan la inflación, y con ello la pobreza.
Se trata de la decisión administrativa 848 que en un anexo de sólo dos folios detalla el incremento de las erogaciones en $300 millones para “actividades centrales del Poder Judicial” y la 854 que en 62 páginas eleva las partidas de gastos en $3.924 millones, principalmente a favor del Ministerio de Trabajo para que pueda reforzar el “Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar) en $2.370 millones; $774 millones para el Ministerio de Salud, para “financiamiento del Hospital de Alta Complejidad El Calafate” y $236 millones al Ministerio de Justicia “para Seguridad y Rehabilitación de Internos”.
