La agenda agropecuaria busca hacerse de un lugar de mayor peso dentro de los pasillos del Congreso de la Nación. Esta semana, en Diputados, un proyecto que busca agravar penas por vandalismo rural consiguió dictamen favorable.
Se trata del proyecto impulsado por los diputados Martín Ardohaín y Laura Rodríguez Machado, del PRO, quienes consiguieron el respaldo de La Libertad Avanza y otros bloques aliados. En total se obtuvieron 41 firmas adherentes.
Ahora, cumplida la instancia de debate en comisión, el proyecto queda en condiciones de ser tratado en el recinto para lograr su media sanción.
Según explicó la Fundación Barbechando, habitual espacio de monitoreo de temas agropecuarios dentro del Congreso de la Nación, “en reunión de Comisión de Legislación Penal y Agricultura y Ganadería se avanzó en una reforma al Código Penal para que el ingreso no autorizado en un campo sea un delito y ya no una contravención”.
Ardohaín, presidente de la Comisión de Agricultura y autor del proyecto, sostuvo que “es necesario salir de la visión urbanística del Código Penal que tanto abandono y desprotección le generó al interior”.
Además destacó que se trataría de “un gran paso para proteger a las familias que viven en el campo”.
LO QUE DICE EL PROYECTO
En materia de intrusión rural se establecerían penas de 1 mes a 1 año de prisión para quienes ingresen sin autorización a establecimientos rurales delimitados por alambrados, tranqueras, vallas o carteles.
“El ingreso no autorizado, particularmente en horario nocturno o sin un fin específico, constituye un riesgo independientemente de si se verifica o no un delito posterior. Tipificar como delito (NdR: sin crear una nueva figura) esta conducta evita que quede relegada al terreno impreciso de las contravenciones locales”, expuso.
También, en “daño agravado”, se establecen penas de 2 a 8 años de prisión y multas de hasta 12 veces el daño causado por destruir o dañar cultivos, ganado, silobolsas, sistemas de riego, paneles solares, bombas, alambrados, tranqueras, silos y otra infraestructura productiva.
“Sin duda la afectación no debe evaluarse únicamente en función de cuánto sale reponerlos, sino de su función dentro de un sistema productivo interdependiente”, plantearon desde Barbechando.
“El Congreso tiene la oportunidad de dar una respuesta histórica frente al vandalismo rural”
Otro de los planteos expuestos por los impulsores va de la mano con que el marco legal vigente “protege el domicilio urbano bajo el principio de inviolabilidad”, aunque en el ámbito rural, en cambio, “el límite equivalente (la tranquera, el alambrado, la señalización) no recibe el mismo tratamiento, aun cuando cumple una función análoga como delimitar un espacio privado destinado a la producción y a la vivienda”.
“Esta desigualdad se agrava por las condiciones estructurales del entorno rural: grandes distancias, caminos en mal estado que dificultan el acceso, falta de cobertura telefónica y de internet, y lejanía de las fuerzas de seguridad”, comentaron desde Barbechando.
Otro de los factores destacados tiene que ver con la diversidad territorial, y que cada región “tiene sus propias condiciones de infraestructura, conectividad, presencia del Estado y acceso a la seguridad”.
“No es lo mismo producir en la pampa húmeda que en zonas de frontera agrícola; no es lo mismo un establecimiento cercano a un centro urbano que uno ubicado a varias horas del pueblo más próximo; no es lo mismo la realidad de Buenos Aires que la de Santiago del Estero, Corrientes, Salta o la Patagonia”, compararon.
“Desde Fundación Barbechando queremos que el campo deje de ser tierra de nadie. No alcanza con reaccionar ante cada hecho: necesitamos un marco normativo de largo plazo que dé seguridad a quienes producen y a las comunidades rurales, acompañando el desarrollo productivo de nuestro país”, señalaron.
