La Resolución 125, anunciada por el ex ministro de Economía, Martín Lousteau, llegó a lugares inesperados.
La confrontación, tras casi cien días de incertidumbre, entró en una etapa judicial, en contra de las advertencias del ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, que sostenía:
“No hay que judicializar el conflicto”. La Corte debatirá el tema de las retenciones móviles en lo que resta del año, cuando el asunto llegue a estudio. Si bien desde el máximo tribunal han manifestado buena predisposición para tratar el tema, estiman que tardará dos o tres meses en llegar a su estudio.
En este sentido, Carmen Argibay, jueza de la Corte, explicó que todo impuesto superior al 33% es confiscatorio, y el Congreso debe resolver si las retenciones son un impuesto o no.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, indicó que el régimen instaurado el 11 de marzo no tiene carácter de impuesto, sino de una herramienta de política económica con la que cuenta un Estado.
Ante esta situación, numerosos productores presentaron recursos de amparo ante la Justicia, con suerte dispar.
La jueza Liliana Heiland declaró inconstitucional el incremento a las retenciones, sin previa participación del Congreso Nacional el asunto.
El recurso fue presentado por Santiago Gallo Llorente, productor agrícola de 9 de Julio, que en diálogo con Infocampo manifestó: “¿Por qué a mí, productor de soja, me quieren cobrar el 44% de retención, mientras que los otros sectores no pagan más del 35% de impuestos?
Es una medida que viola la igualdad ante la ley, entonces tuve que recurrir al amparo”.
Su hermano, Eduardo, no tuvo la misma fortuna, ya que la jueza Rita Ailán resolvió que los temas requeridos de mayor debate y aporte probatorio son ajenos a la acción de amparo.
Además, otra causa llegó al máximo tribunal promovida por San Luis. El 21 de abril la provincia demandó al Gobierno aproximadamente por $250 M. Su solicitud tiene foco en dos variables: en primera instancia al esquema de derechos de exportación existente desde 2002. Por otro lado, la demanda incluye un pedido de eliminación de retenciones móviles debido a que afecta a la coparticipación federal de impuestos.
Sobre este asunto, la ministra de la Corte, Elena Highton de Nolasco, anunció que “la causa tiene competencia originaria”. De esta manera, se aceptó la presentación ya que no existe otro juzgado con facultades para intervenir en un conflicto ente una provincia y el Estado Nacional.
El Gobierno fue notificado de la decisión del máximo tribunal y tendrá 60 días para responder la demanda. En este contexto, Argibay señaló la probabilidad de realizar audiencias públicas.
Asimismo, el gobernador puntano, Alberto Rodríguez Saá, celebró la declaración de competencia en el asunto por parte del máximo tribunal. Después se reunió con dirigentes rurales en reclamo de un “diálogo que no sea vacío”.
Por otra parte, el fiscal federal de San Nicolás, Juan Murray, pidió el procesamiento de ocho productores de San Pedro, apresados durante 12 horas el último 30 de mayo. Son acusados de interrupción de la circulación en una ruta e incendio doloso.
Además Murray trabaja sobre otro caso de cortes de ruta, en el que acusa, entre otros, a Edurado Buzzi, titular de FAA, Margarita Stolbizer, ex candidata a gobernadora por Buenos Aires, y María del Carmen Alarcón, dirigente santafesina.
Desde el Gobierno dan la cuestión por cerrada. Después de los anuncios donde se informó del destino que recibirá la recaudación percibida por las retenciones, el ministro del Interior, Florencio Randazzo, se encargó de ponerle punto final al tema: “El conflicto está definitivamente saldado”, concluyó.
En este sentido, Rodríguez Saá y Hermes Binner opinaron que la cuestión no está terminada.
