El Gobierno acelerará en la primera mitad del año dos proyectos de ley que buscan regular la producción agropecuaria. La idea es modificar la actual Ley de Arrendamiento para poner límites a los pooles de siembra y subir los impuestos a la tierra que no declara ninguna actividad productiva. La otra iniciativa, apunta a hacer obligatorio el seguro agrícola que impulsó la Presidenta.
Técnicos del Ministerio de Agricultura vienen ultimando detalles de un informe de carácter técnico, acerca de la situación de los arrendamientos en el campo argentino. A partir de este se analizaría enviar un proyecto que renueve y actualice totalmente la legislación actual de contratos agrarios contenida en la ley 13.246, vigente desde 1948. La misma fue confirmada por fuentes de la Casa Rosada y del Parlamento.
En el informe que le presentarán a la Presidenta, se destaca que la Argentina es, quizás, el único país del mundo que tiene este sistema de producción, donde, en promedio nacional, el 60% se hace por arrendamiento. Ningún país del mundo supera el 30 por ciento. En tanto, la estructura de costos señala que el 40% de lo invertido en la campaña pasada se debe a la aplicación de tecnología.
Desde el Gobierno quieren “permitir que el pequeño y mediano productor pueda acceder competitivamente a las tierras de forma tal que tenga herramientas para competir con estructuras económicas más poderosas”, afirmaron las mismas fuentes.
Uno de los temas de debate son las unidades económicas; es decir, las hectáreas destinadas a la actividad agropecuaria que se desarrolla en cada provincia. Pos eso, se busca diferenciar a aquel agricultor que depende de su tierra para subsistir de aquel que la alquila a algún pool de siembra. Éste es un tema que siempre fue impulsado por la Federación Agraria Argentina.
Según publicó el Diario Bae, el objetivo es ordenar un sistema que le ha sido perjudicial a los productores. El proyecto busca bajar el enojo del campo que días atrás manifestó que no vendería soja.
Ante esto, el Gobierno llegó a barajar la semana pasada el relanzamiento de la Junta Nacional de Granos, pero por ahora está en espera. Lo que sí sigue en vigencia es el control de los sabuesos de la AFIP sobre los campos para determinar la soja retenida, y que los productores no habrían declarado, así como la mira en los mercados de futuros que rige el próximo viernes.
Respecto del seguro agrícola, las fuentes manifestaron que su anuncio sería un “hecho concreto”, pero dependerá en última instancia de la Presidenta.
