El gobierno de Mauricio Macri comenzó a analizar medidas para hacer frente a un descontrolado incremento de los niveles de evasión impositiva y previsional en el negocio de la carne vacuna.
Algunos expertos, como el ex ministro Roberto Lavagna, calculan que el Estado deja de recaudar entre $7.000 y $10.000 millones por año debido a la proliferación de operadores marginales.
No existe información oficial sobre los niveles reales de evasión en la cadena de ganados y carnes, pero diversos analistas la estiman cercana al 20 por ciento.
Según datos de la consultora Finsoport, el alimento representa el 4,6% del gasto total de un hogar promedio. El complejo bovino tuvo una facturación total de $340.000 millones en 2013. La mayor parte correspondía a la carne.
La situación se tornó particularmente grave a partir de febrero de 2011, ya que la ex presidenta Cristina Kirchner decidió entonces disolver la ONCCA y no reasignó sus funciones de control en algún otro organismo del Estado, según consigna iProfesional.
Frente al evidente crecimiento de la evasión y ante las quejas de los sectores más formales de la cadena (como supermercados y grandes frigoríficos exportadores), el kirchnerismo tuvo una muy tibia reacción recién en octubre de 2015, pocas semanas antes de perder las elecciones y dejar el poder. Entonces prohibió por 180 días la inscripción de nuevos matarifes en el Registro Unico de Operadores Agroalimemtarios (RUCA).
Los matarifes son aquellos empresarios que llevan sus propios vacunos a frigoríficos de terceros, pagan por el servicio de faena y luego venden la carne. Como no tienen instalaciones físicas ni empleados a cargo, son el eslabón más difícil de controlar.
Al momento del congelamiento de matrículas había cerca de un millar habilitados. Curiosamente, el funcionario que permitió ese festival de permisos y luego impuso la veda, el director de Matriculación, Luciano Zarich, fue confirmado en su puesto por las nuevas autoridades del Ministerio de Agroindustria, señala Clarín.
