La crisis financiera de Bodega Norton sumó este miércoles un capítulo judicial de fuerte impacto para la vitivinicultura mendocina.
La Fiscalía de Delitos Económicos e Informáticos de Mendoza resolvió avanzar con la imputación de tres integrantes de la bodega y un representante de Acindar Pymes SGR por una presunta maniobra de defraudación contra Cooperativa San Carlos.
La decisión fue tomada por el fiscal Alejandro Iturbide, quien consideró que los hechos investigados configuran, en principio, el delito de defraudación por suscripción engañosa de documento, previsto en el artículo 173 inciso 3° del Código Penal.
La resolución alcanza a David Bonomi, Martín Shulz y Lorena Sánchez, de Bodega Norton, en calidad de coautores, y a Carlos Moyano, de Acindar Pymes, como partícipe primario.
LA PRESUNTA ESTAFA DE NORTON
Según reconstruyó el Ministerio Público Fiscal, el conflicto tuvo inicialmente un origen lícito. En 2024, Cooperativa San Carlos, una de las más relevantes del Valle de Uco, vendió a Bodega Norton 375.000 litros de vino Malbec y 45.000 litros de Cabernet, por un valor total de $503.250.000.
Para concretar el pago, las partes acordaron canalizar la operación mediante un préstamo del Banco Santander Río. La cooperativa fue la tomadora del crédito, mientras que Norton asumió la obligación de cancelar ese préstamo mediante una cesión de deuda a favor de la entidad mendocina.
En la documentación bancaria, además, se consignó una cuenta de Norton para realizar el débito correspondiente.
Acindar Pymes SGR, por su parte, intervino como garante del préstamo. En caso de que Norton no pagara, debía responder ante el Banco Santander con su propio capital. A su vez, la cooperativa cedió a Acindar la factura de venta del vino, lo que le permitía reclamar el cobro directamente a Norton y subrogarse en los derechos del banco.
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Luego, la obligación de Norton de cancelar el crédito venció el 9 de septiembre de 2025, pero el pago no se concretó. Según el documento fiscal, el 21 de octubre la cooperativa tomó conocimiento de que Acindar había cancelado el préstamo frente al Banco Santander.
A partir de ese momento surgió la disputa sobre quién debía afrontar la deuda. La Fiscalía señaló que la cooperativa entendía que, por el vencimiento de los plazos previstos para las cesiones de crédito, Acindar había perdido la posibilidad de trasladarle la responsabilidad. Esta entidad, en cambio, sostenía que la cooperativa era deudora solidaria, lisa, llana y principal pagadora frente al banco.
LOS SEIS CHEQUES Y EL CONCURSO DE NORTON
Sin embargo, el punto central de la investigación penal se encuentra en lo ocurrido durante los días previos al ingreso de Norton al concurso preventivo.
De acuerdo con la resolución fiscal, Bodega Norton había decidido presentarse en concurso de acreedores en una reunión de directorio realizada el 21 de octubre de 2025. La presentación judicial se concretó el 31 de octubre, mientras que la propia empresa había situado el comienzo de su cesación de pagos el 17 de septiembre.
La Fiscalía argumentó que, pese a esa situación, durante los días comprendidos entre el 21 y el 30 de octubre se mantuvieron negociaciones con Acindar y Cooperativa San Carlos para renegociar la deuda derivada de la compra del vino.
El acuerdo habría contemplado que Norton cancelaría la obligación mediante seis cheques por un total de $955 millones. Los documentos fueron emitidos el 29 de octubre, es decir, un día antes de la presentación en concurso.
Pero, según la investigación, los cheques no fueron entregados directamente a Acindar, sino a la Cooperativa San Carlos, que debía endosarlos para posteriormente entregarlos a Acindar o a quien esta indicara.
Por estos motivos, para el Ministerio Público Fiscal, la cuestión no se limita al hecho de que Norton haya emitido cheques para cancelar una deuda que posteriormente no pudiera pagar: la resolución sostiene que la confección de los títulos a nombre de la Cooperativa San Carlos habría permitido incorporarla a una nueva relación obligacional y darle a Acindar una posición crediticia más favorable frente a la inminencia del concurso.
En ese sentido, la Fiscalía interpreta que la cooperativa habría sido incorporada como endosante de los documentos mediante un engaño y que esa operación terminó generando nuevas obligaciones patrimoniales para la entidad, sin que ello la beneficiara.
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El documento agrega que los elementos reunidos permiten inferir, con el grado de probabilidad correspondiente a esta instancia, una actuación coordinada entre Norton y Acindar.
El argumento fiscal se basa, entre otros aspectos, en que los cheques no fueron confeccionados directamente a nombre de la acreedora, sino a nombre de la cooperativa, que luego los endosó para que llegaran finalmente a Acindar.
NORTON Y UNA DEUDA QUE TERMINÓ EN LA JUSTICIA
De esta manera, la emisión de los cheques derivó posteriormente en un reclamo judicial de Acindar contra Cooperativa San Carlos.
El documento del Ministerio Público Fiscal menciona el expediente “Acindar Pymes SGR c/ Cooperativa Vitivinícola San Carlos Sud Ltda. s/ Ejecutivo”, que tramita ante la Justicia Comercial nacional.
Este punto resulta central para entender el perjuicio que la Fiscalía atribuye a la maniobra, ya que no solamente se analiza la posibilidad de que los cheques fueran cobrados, sino también la nueva posición judicial y financiera en la que habría quedado la cooperativa a partir de su incorporación como endosante.
El propio fiscal señaló que el perjuicio patrimonial puede contemplarse desde la existencia del juicio ejecutivo, las limitaciones que genera para la cooperativa y su eventual situación financiera ante el Banco Central.
