Luego de conocerse un relevamiento que indica que apenas el 2,7% de las tierras en la Argentina está en manos de extranjeros, surge una pregunta inevitable a la hora de analizar el hecho: ¿Era necesario sancionar una Ley para frenar un proceso que, en realidad, no existe?
Para develar este interrogante y muchos otros, Infocampo consultó a especialistas en el tema y a diputados nacionales, quienes aportaron su visión acerca del fenómeno y sobre los datos catastrales y dominales publicados por el Registro Nacional de Tierras Rurales.
En primer lugar, el titular de la Cámara de Inmobiliarias Rurales, Roberto Frenkel Santillán, comentó que “mucho tiempo antes de que se debata el proyecto nosotros dijimos que en realidad la tierra en el país se está argentinizando”.
“No estamos en contra del proyecto en sí, pero lo que remarcamos es que la Argentina también necesita inversión extranjera, que sea sana y que no sea extractiva, para generar desarrollo y riqueza en el interior del país”, explicó Frenkel Santillán.
Uno de los primeros en criticar el proyecto oficial -antes de que sea sancionado- fue nada menos que el empresario Gustavo Grobocopatel. “En los países proveedores de alimentos, tener una Ley exclusivamente dedicada a la propiedad de la tierra no tiene mucho sentido”, señaló en su momento.
En tanto, según un informe emitido en 2011 por el Banco Mundial la “extranjerización de tierras” sumaba -a esa altura- más de 46 millones de hectáreas en todo el mundo, concentradas principalmente en países de África y Latinoamérica.
Lo cierto es que en la Argentina, según el documento del Registro de Tierras Rurales, de 278 millones de hectáreas, un total de 7,49 millones fueron declaradas como propiedad extranjera y el 89,36 por ciento corresponde a personas jurídicas, de las cuales sólo 7 por ciento están inscriptas como extranjeras.
El hecho de que se haya elaborado este trabajo no es un dato menor dado que una de las principales limitantes del debate en torno a la extranjerización de la tierra fue que la Argentina no dispone de ningún registro nacional ni provincial que permita verificar la cantidad de tierras productivas en manos de extranjeros.
Por su parte, el diputado nacional por la UCR, Ricardo Buryaile, presentó en su momento un proyecto sobre el tema que se diferenciaba en algunos aspectos clave del que finalmente terminó aprobándose.
“Mi iniciativa buscaba proteger la tierra como recurso estratégico natural para el desarrollo económico, humano y social, y favorecer las inversiones extranjeras responsables que potencien el desarrollo de las provincias”, explicó Buryaile.
El texto aprobado -que no prevé retroactividad y por ende no vulnera derechos adquiridos- de ese 15% total que no puede estar en posesión extranjera, no podrá haber más del 30% en manos de “personas físicas o jurídicas de una misma nacionalidad”.
Pablo Orsolini, ex dirigente de Federación Agraria y actual diputado nacional por la UCR/Chaco, fue uno de los principales impulsores de este tipo de proyectos. “La Lay fue una manera de frenar en un futuro un posible proceso de mayor concentración de la tierra”, consideró.
