Pero el texto del decreto deja bien en claro que éste no será un mercado regido por el libre juego de la oferta y la demanda, sino que contará con un controlador de fuste: el propio Gobierno, por medio del Ministerio de Planificación, que hoy lidera Julio de Vido.
La Ley 26.093, promulgada en abril de 2006, crea un mercado cautivo que resulta de la obligación de vender gasoil y naftas que contengan un 5% de biodiésel y bioetanol, respectivamente, a partir de 2010.
Sobre la proyección del consumo de combustibles para ese año, se presume que se necesitarán 685 millones de litros de biodiésel y 200 de bioetanol para satisfacer el corte.
¿De cuánto estamos hablando? Los valores del biodiésel dependen del precio del aceite vegetal, en primer término. Con un aceite de soja en 610 u$s/t (1.900 $/t), como en la actualidad, los especialistas suponen que el litro de biodiésel no estaría a menos de $2,40.
Pero si se toman los precios (artificialmente bajos) de los combustibles fósiles y se los pone como arbitraje de los biocombustibles, se puede decir que el corte obligatorio genera un mercado cautivo de unos $1.450 millones.
En principio, serían las grandes aceiteras y petroleras los jugadores del negocio, ya que unos tienen la materia prima (el aceite) y los otros el producto final.
Pero el decreto se encarga de aclarar que los incentivos fiscales que se otorgarán a las empresas que participarán de este mercado cerrado tenderán a âevitar la concentración de la oferta de biocombustibles en nuestro paísâ.
De hecho, el Ministerio de Planificación de De Vido se ha convertido en la figura clave para quienes participen del negocio.
Primero, porque manejará el registro de las empresas productoras, mezcladoras y comercializadoras de estas fuentes de energía. Segundo, porque aprobará los proyectos a promocionar y el orden de prioridad para acceder al cupo.
Tercero, porque se subroga el derecho de fijar el precio al que se adquirirá el biocombustible a las empresas promocionadas. Lo más destacable es que ese precio será determinado por la Secretaría de Energía (dependiente del Ministerio de Planificación) de forma tal que las plantas âque operen en forma económica y prudenteâ puedan obtener âingresos suficientes para satisfacer sus costos (siempre y cuando sean razonables, aclara la norma), impuestos y obtener una renta razonableâ.
Un aspecto, marcado incluso por Claudio Molina (pionero de los biocombustibles en la Argentina), es que no se hace referencia al subsidio que hasta la misma ley contempla en el inciso 1) del Art. 4°.
Pero todavía falta para que quede conformado el circuito del mercado interno de los biocombustibles.
Todas las empresas que quieran producir, mezclar, almacenar y comercializar biodiésel o bioetanol deberán inscribirse en el registro y cumplir con la normativa oportunamente prescrita.
Pero sólo aquellas que deseen obtener los beneficios de la ley 26.093 (desgravaciones fiscales) deberán cumplir con el requisito de tener como socio mayoritario al Estado, ya sea nacional, provincial, municipal o empresas públicas, o a productores agrícolas.
Eventualmente, si los márgenes le dan, una empresa podría vender biocombustibles sin esos beneficios, pero eligiendo los socios que le venga en ganas.
Otra visión, más amplia, parece tener el gobierno de Santa Fe, donde está radicada la crema de la industria aceitera y donde se están levantando plantas que apuntan a la exportación.
Recientemente, el gobernador Jorge Obeid declaró a la provincia como âProductora de Combustibles de Origen Vegetalâ (la papelería oficial deberá incluir este lema), reglamentó la ley de energías renovables y envió el proyecto a la legislatura para crear una Secretaría de Estado de Energía.
Ahí se encuentran los grandes jugadores como Vicentín, AGD, Bunge, Dreyfus y hasta Repsol YPF embarcados en proyectos de biodiésel. Pero existe una incertidumbre respecto de si desde la Nación se pondrá o no trabas a la salida del aceite como combustible, ya que esto depende del derecho de exportación que se fije.
Claves del negocio
EL MINISTERIO de Planificación es la autoridad de aplicación,
vía la Secretaría de Energía.
ADMINISTRARÁ el cupo de 5% para abastecer de bioetanol y biodiésel a las petroleras, con beneficios fiscales.
MANEJARÁ el registro de las empresas de biocombustibles, accedan o no a los beneficios.
S´´OLO ACCEDERÁN a los beneficios las empresas que tengan al Estado o a productores rurales como socios mayoritarios.
EL CORTE al 5% demandará 685 M de litros de biodiésel
y 200 de bioetanol.
NO HAY MAYORES precisiones sobre las empresas que produzcan con destino a exportación.
Javier Preciado Patiño
jpreciado@infocampo.com.ar
