La denuncia fue presentada ante la Cámara del Crimen por las diputadas Laura García Tuñón, María Elena Naddeo, Gabriela Alegre, Gabriela Cerruti y los legisladores Alejandro Bodart y Francisco Nenna, y la titular de CTERA, Estela Maldonado, la diputada con mandato cumplido Cecilia Merchán y representantes de las comunas.
Naddeo explicó que la presentación se realizó “por incumplimiento de la ley 1845 de la Ciudad que resguarda los datos de pacientes que se atienden en el sistema de salud”.
Asimismo, precisó que “el Código Penal tiene dos artículos que establecen que los funcionarios deben guardar confidencialidad frente a una acción que puedan causar daños a las personas involucradas en cualquier expediente, y ante la ley de violencia de género que plantea el derecho a una salud sexual y reproductiva”.
La legisladora porteña recordó que “lo que hizo Macri en una cena que tuvo con integrantes del ámbito empresarial fue dar datos que son confidenciales, lo que generó que grupos fundamentalistas presentaron el recurso de amparo para que no se realice el aborto no punible”.
Esa intervención debía realizarse ayer en el Hospital Ramos Mejía de la Ciudad de Buenos Aires, pero la jueza Myriam Rustan de Estrada hizo lugar a la medida cautelar presentada por una organización antiabortista, y suspendió el aborto.
La mujer que había solicitado el aborto no punible tiene 32 años y fue víctima de una red de trata, en Puerto Madryn, de la cual logró escapar.
