La reforma judicial obligará a los tres poderes del Estado a publicar las declaraciones juradas de todos los funcionarios, pero la información que dará a conocer será mas limitada que hasta ahora. Por caso, no se podrá conocer la evolución patrimonial, según advirtieron a este diario diferentes ONG y referentes de transparencia pública.
A partir de la promulgación en el Boletín Oficial de hoy de los cambios en la ley de ética en el ejercicio de la función pública, sancionada el pasado 8 de mayo, será casi imposible conocer detalles de funcionarios del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, según informa La Nación.
“Si bien se extiende a los tres poderes del Estado y a las publicaciones en Internet, lo que se publicará será tan global y con falta de detalle que no se conocerá de modo alguno cómo se compone ese patrimonio”, aseguró a LA NACION Alfredo Popritkin, ex perito de la Corte e integrante de la ONG Contadores Forenses. “Tampoco se sabrán las sociedad de las cuales el funcionario público es accionista. Es un retroceso muy grande”, señaló el investigador de fraudes y delitos económicos.
“Lo que se publicará será tan global y con falta de detalle que no se conocerá cómo se compone ese patrimonio”, afirmó Alfredo Popritkin
La flamante ley 26.857 establece que las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios, magistrados y candidatos a cargos electivos “son de carácter público, de libre accesibilidad y podrán ser consultadas por toda persona interesada en forma gratuita a través de Internet”, en el sitio web de la Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. No obstante, la norma introduce una modificación clave: el cambio de formulario de la declaración. Ya no se presentará el detallado informe que requería la Oficina Anticorrupción (OA), sino que, según el texto, los informes “serán iguales a aquellos que se presentan ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)”.
