Antonio Laudir Carvalho Lima sabe que sus probabilidades de encontrar un nuevo empleo son escasas después que Brasil inició su mayor redada histórica contra la tala ilegal de árboles en la selva tropical del Amazonas.
Lima, de 43 años, compite con otros 6000 trabajadores desempleados que perdieron sus puestos cuando la policía federal e inspectores ambientales recorrieron el pequeño pueblo amazónico de Tailandia, incautando madera y multando a los aserraderos y productores de carbón que no pudieron demostrar que sus productos provenían de fuentes legales.
Los grupos ambientales están presionando a Brasil para que el país detenga la deforestación en la cuenca del río Amazonas, la mayor selva tropical del mundo, tras acelerarse la tala en el segundo semestre de 2007 después de cuatro años de declinaciones. Aunque la ofensiva podría desencadenar desempleo en Tailandia, con el tiempo el pueblo estará mejor, dijo Cristiano Noronha, analista de Arko Advice, una consultora política.
‘Es un mal necesario’, dijo en una entrevista telefónica desde Brasilia Noronha refiriéndose a la redada. ‘Sería una desgracia para el Gobierno dejar que la selva amazónica se destruyera cuando el calentamiento global y la preservación del medio ambiente encabezan la agenda global’.
Hasta 500 policías y guardias, con chalecos antibalas y ametralladoras, descendieron al pueblo en el estado norteño de Pará cuando una turba de 2000 personas atacó a inspectores ambientales estatales y federales el 19 de febrero, obligándolos a abandonar las inspecciones de los aserraderos locales.
‘Seguiremos operando contra la deforestación ilegal aunque yo tenga que empezar a ponerme un chaleco antibalas’, dijo la gobernadora Ana Julia Carepa en un comunicado en el sitio web del estado. ‘No seremos intimidados’.
El Gobierno federal incautó al menos 13.000 metros cúbicos de madera en las pasadas tres semanas, lo suficiente para llenar 750 camiones, dijo Valmir Ortega, secretario de Medio Ambiente de Pará, en una entrevista telefónica desde la ciudad de Belem. El estado planea extender la medida a otras ciudades de Pará y buscar más refuerzos policiales, agregó.
El Gobierno federal dijo el 28 de febrero que eliminará los préstamos baratos a agricultores que talen árboles ilegalmente para plantar más soja y otros cultivos tras dispararse los precios de las materias primas alimenticias. El Gobierno se propone ampliar en la región amazónica el procesamiento de personas que violan las leyes ambientales, dijo Ortega.
El procesamiento de la madera es el principal medio de vida en Tailandia, que tiene 49 aserraderos, dijo Francisco das Chagas, presidente del sindicato local de trabajadores de aserraderos. El pueblo tiene también 2.000 hornos donde la madera se convierte en carbón, usado como combustible por la industria del hierro en Brasil, dijo.
El ingreso per cápita en el pueblo de 64.000 habitantes es de 3.974 reales al año (US$2.372), según la agencia federal de estadísticas.
‘El Gobierno quiere combatir la deforestación, pero necesita darle a la gente una alternativa para sobrevivir’, dijo Maria Neuma da Silva, de 38 años, empleada administrativa de un aserradero. ‘No sé si tendré empleo mañana’.
Cerca de 30 por ciento de la porción brasileña de la región amazónica está en el estado de Pará, que tiene 3.000 aserraderos, según la oficina del secretario de Medio Ambiente. Ortega dijo que el estado ofrecerá alimentos, capacitación y becas a los trabajadores que pierdan sus empleos.
‘Al Gobierno le preocupan mucho los problemas sociales, pero no podemos usar esto como excusa’, dijo Ortega.
Lima, que tiene tres hijos adolescentes y solo estudios primarios, dice que está preparándose para tiempos duros. Aunque espera ser reincorporado por su patrón cuando finalice la campaña del Gobierno, mientras tanto reduce los gastos no comprando carne y planeando su propia huerta.
‘Ya hay mucha gente necesitada’, dijo Lima, que ganaba 850 reales al mes midiendo troncos en un aserradero. ‘Gracias a Dios ahorré algo para comprarme una pequeña parcela de tierra’.
Fuente: Bloomberg
