El Gobierno está trabajando en un borrador para realizar cambios en la ley de tierras, sancionada en 2011, y que introdujo fuertes restricciones para la venta de campos a extranjeros.
Según dijo a LA NACION Martín Borrelli, subsecretario de Asuntos Registrales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, organismo donde funciona el Registro Nacional de Tierras, se están estudiando modificaciones a la ley.
“Estamos estudiando una modificación que todavía está en etapa de borrador. Tenemos la intención de introducir cambios”, confirmó el funcionario nacional. Borrelli señaló que no puede aún anticipar cuáles serán esas modificaciones porque se está trabajando en ellos.
En tanto otra fuente señaló que incluso directamente podría analizarse la derogación de la ley. “Macri ya dio el visto bueno para que esto también pueda hacerse”, dijo la fuente, que pidió reserva de su nombre.
Hace unas semanas, representantes de las inmobiliarias rurales se reunieron con funcionarios de Agroindustria y luego con el Registro Nacional de Tierras. Allí llevaron su inquietud para que se adecúe la ley, ya que, según coincidieron, desde su implementación se frenaron inversiones por parte de extranjeros.
Según la ley, se estableció el 15% como límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional, provincial, y departamental o municipal. Por esa norma los titulares extranjeros no pueden adquirir más de 1000 hectáreas cada uno, o su equivalente en la zona núcleo (definida para el norte bonaerense, sudeste de Córdoba y sur de Santa Fe). Mientras tanto, una misma nacionalidad no puede superar el 30 por ciento de la propiedad.
El gobierno de Cristina Kirchner había fomentado esa ley con el supuesto de frenar una fuerte extranjerización de tierras. Pero tras un censo de titularidad que se realizó a través del Registro Nacional de Tierras Rurales, surgió que 15,8 millones de hectáreas pertenecían a extranjeros. En rigor, se trata del 5,93% sobre un total de 267,6 millones de hectáreas, incluyendo rurales, mineras y otras actividades.
Además, en ese momento también se reveló que ninguna provincia excedía el límite en materia de tenencia. En tanto, entre los que aquí tienen más tierras figuran primeros los estadounidenses. Los propietarios de ese origen son poseedores del 1,13% de las tierras rurales del país, con un total de 3.042.680, 69 hectáreas. Luego les siguen los italianos (2,3 millones de hectáreas) y, en el tercer puesto, los españoles (2,1 millones de hectáreas), entre otras nacionalidades.
De acuerdo con fuentes del sector inmobiliario rural, la adecuación de la ley es lo que el Gobierno podría hacer porque es algo que depende de su propia acción. “Se podría trabajar sobre la reglamentación o sobre un decreto de adecuación. Creemos que se podría flexibilizar la ley, lo que alentaría inversiones, desarrollos en el interior y se reactivarían economías regionales que se habían frenado”, precisó un operador inmobiliario.
Según algunos operadores, una alternativa podría ser trabajar para que el 15% de límite para toda titularidad pueda elevarse al 30 por ciento. “También habría que trabajar sobre la redefinición del concepto de extranjeros, porque la ley es clara para personas físicas, pero ambigua para personas jurídicas”, contó.
