Decíamos semanas atrás que la cosecha del cereal venía bien, pero las excepcionales heladas del 15 y 16 de noviembre con epicentro en la zona de Azul le cambiaron la cara a la producción y el mercado.
Y a pesar de que en el informe que Agricultura emitió en esos días no se descontaba el daño causado, el mercado sí consideró que iba a haber menos trigo del inicialmente esperado.
Coincidió esto con la tan ansiada reapertura del registro de trigo, que estaba cerrado desde hacía meses.
Eso fue el 13 de noviembre, cuando la Sagpya publicó la Resolución 342.
En el primer día nomás, los exportadores declararon más de 3 millones de toneladas de la nueva cosecha.
A un ritmo frenético, para el lunes 26 ya se llevaban registradas casi 6,5 Mt.
El Gobierno tomó nota y el miércoles 28 anunció formalmente el cierre del registro por cinco días hábiles, para evaluar saldo exportable post helada, no sin antes que el mercado sufriera una caída en las cotizaciones del cereal, asignada a los rumores de cierre del registro.
Las quejas y comentarios sobre los desmanejos oficiales en esta área de la economía agrícola son variados.
Por un lado, se sostiene que estas aperturas “espasmódicas” del registro son aprovechadas más que nadie por las grandes compañías, no así por productores y acopiadores que podrían sumarse al negocio (como de hecho lo hicieron para la campaña 2006/07).
Precisamente el lunes, martes y miércoles, una delegación de empresarios de la industria brasileña del trigo estuvieron en la Argentina viendo opciones y posibilidades para su abastecimiento.
“Acopios grandes vieron la posibilidad de hacer operaciones directas con ellos, pero este funcionamiento del registro les impide concretarlas”, decía un operador del mercado este miércoles, apenas oficializado el cierre.
Es paradójico que, finalmente, estas medidas políticas terminen discriminando al mediano empresario local, en favor de las grandes compañías.
También se habla de que perjudicará al productor, porque esa masa de trigo registrada debe embarcarse en no más de 90 días, lo que implica una colocación muy rápida de la cosecha, con resentimiento en el precio FOB del cereal argentino.
También hay que mirar cómo se definirán los legisladores en materia del registro. El no oficialista Rafael Martínez Raymonda presentó un proyecto para que los exportadores respondan por la masiva declaración de ventas de soja y subproductos.
Parecía que se caía el proyecto por falta de quórum en la comisión de Agricultura. Pero lo tomaron en Presupuesto y Hacienda y ahora aparece con renovado impulso, incluso con modificaciones que lo harían más duro que el original.
Por otra parte, lo dijo el diputado oficialista Cantero Gutiérrez, un proyecto de reforma para cambiar la Ley 21.453 (por la que se rige el sistema de registros) recién lo ingresaría en marzo del año que viene. Pero si el cuerpo legislativo decide avanzar con esto puede haber cambio de reglas de juego en el corto plazo.
En tanto, sigue sin haber novedades en materia del sistema de compensaciones para el sector molinero y se habla de que habrá de esperarse a la asunción del próximo ministro de Economía, Martín Lousteau, para que haya una definición.
La combinación de todos estos factores terminan perjudicando al productor primario, habitualmente el eslabón más débil de las cadenas de valor. Se mencionaba el problema que hay en las zonas trigueras III (Entre Ríos) y II Norte con el ataque de fusarium, tal como mostrábamos la semana pasada en nuestra sección de Rodas. Es una enfermedad que afecta la calidad del grano y constituye motivo de rechazo por parte de la molinería local a la hora de comprar el trigo, con lo cual la exportación se convierte en el destino casi obligado (por su capacidad de mezcla) para estas partidas.
