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La Corte Suprema de Justicia aceptó intervenir en una demanda por retenciones presentada por San Luis

La resolución fue dictada ante una presentación del gobierno puntano que indica que los derechos de exportación móviles afectan la coparticipación federal y son inconstitucionales. El Poder Ejecutivo tiene un plazo de 60 días para contestar.

La resolución fue dictada ante una presentación del gobierno puntano que indica que los derechos de exportación móviles afectan la coparticipación federal y son inconstitucionales. El Poder Ejecutivo tiene un plazo de 60 días para contestar.
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Por Infocampo

La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó hoy su competencia en una demanda contra las retenciones agrícolas móviles iniciada por la provincia de San Luis. Ahora el Poder Ejecutio nacional deberá dar una respuesta al máximo tribunal en un plazo no mayor a 60 días.

Justamente, San Luis fue visitada hoy por representantes de la Comisión de Enlace Agropecuaria, quienes fueron recibidos por el gobernador, Alberto Rodríguez Saá, en la Casa de Gobierno provincial (ver foto).

Al ser consultado por la agencia Noticias Argentinas sobre la decisión judicial, el presidente de la Federación Agraria (FAA), Eduardo Buzzi, dijo que “si nos cortan el camino político, nos queda el camino judicial’ y confió en que la Corte Suprema “dé una resolución final” al conflicto.

La decisión de la Corte Suprema fue dictada en el marco de una presentación del gobierno puntano, en la cual se indica que las retenciones móviles “afectan la coparticipación federal’ de impuestos y son inconstitucionales. La presentación ingresó directamente a la Corte como ‘juicio originario’, porque se trata de la demanda de una provincia contra la Nación.

La demanda había sido presentada por Rodríguez Saá, con el patrocinio del ex ministro de la Corte Rodolfo Barra, luego de que el gobierno nacional implementase en marzo pasado la resolución 125/08 del Ministerio de Economía, que reemplazó el esquema de derechos de exportación fijos por otro móvil e incrementó las alícuotas aplicadas al maíz y a los productos del complejo oleaginoso.

La demanda incluye, además, un pedido para que se condene al Estado nacional a pagar a la provincia de San Luis una suma de dinero en concepto de diferencia entre lo realmente percibido en materia de coparticipación tributaria y lo que se hubiese percibido de no haberse aplicado los derechos de exportación.

En el acuerdo, la Corte Suprema aceptó intervenir en ese proceso y evaluar el pedido de “inconstitucionalidad de todas las normas que hayan impuesto derechos de exportación a partir del 1° de enero de 2002, de las leyes nacionales que prorrogaron sucesivamente la emergencia pública declarada por la ley 25.561, y de la delegación que, en la materia, autoriza el art. 755 del Código Aduanero”.

Por otro lado, en los próximos meses puede que la Corte Suprema también tenga que expedirse sobre el tema retenciones, ya que aquellas resoluciones conocidas en los últimos días por distintos jueces que las declaran inconstitucionales, fueron apeladas por el Estado de la Nación y llegarán al máximo tribunal.

Fuente: Noticias Argentinas

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