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La noticia sobre el campo que nadie quiere incluir en la campaña

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Mientras la mayoría de los candidatos de la oposición prometen bajar las retenciones y se deshacen en gestos hacia la Mesa de Enlace, ninguno se refiere a los expulsados por el desmonte y el avance del agro-negocio, que se profundizó durante el kirchnerismo.

18.12.2014

El juicio oral y público por el asesinato del campesino santiagueño Cristian Ferreyra terminó la semana pasada con la absolución del empresario Jorge Antonio Ciccioli. La Cámara en lo Criminal y Correccional de Primera Nominación de Santiago del Estero liberó de culpa y cargo a Ciccioli, el sojero que llevaba tres años detenido y estaba acusado de ser el autor intelectual del crimen.

Ferreyra es uno más de una larga lista de muertos por el derecho a la tierra que en los últimos años no paró de alargarse: tenía 23 años y recibió un disparo de escopeta mientras intentaba resistir un desalojo en el Paraje Campo de Mayo, el 16 de noviembre de 2011. Los fundamentos de la decisión que tomó el tribunal integrado por Élida Suárez de Bravo, María Angélica Peralta de Aguirre y Federico López Alzogaray se van a conocer en el correr de los próximos días.

Los jueces condenaron a diez años de prisión al autor material del crimen, Javier Juárez, pero también absolvieron a los cuatro integrantes de una banda parapolicial que pretendía aterrorizar a los pobladores de los parajes de San Antonio, San Bernardo y Campo de Mayo. Pese a que el objetivo era lograr la condena del empresario sojero de origen santafesino y de la complicidad del Poder Judicial con el poder económico que denuncian las organizaciones que impulsaron el juicio, el balance no es del todo negativo. “Nunca tuvimos un juicio favorable a nosotros. Todos los juicios eran contra nosotros. En más de treinta años de lucha, que un empresario sea juzgado, para nosotros es un hecho histórico”, dijo Angel Strapazzón, el líder del Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina.

El Mocase afirma que más que la condena a un individuo lo que se buscaba era a la condena a todo un modelo productivo que expande la frontera agropecuaria y arrincona a los productores que defienden un modo de vida ligado a la agricultura familiar. Según los datos de la organización campesina, en Santiago hay 17 millones de hectáreas y sólo 4 millones están regularizadas: 7 millones empezaron a titularizarse y regularizarse y 6 millones que están en conflicto.

El debate sobre la expansión del monocultivo que arrasa con la agricultura familiar atraviesa al gobierno nacional, que cuenta con defensores acérrimos del agro-negocio como el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez. El ex ministro de Agricultura y precandidato presidencial es un dirigente que no oculta sus coincidencias con la filosofía del director del Suplemento Rural de Clarín, Héctor Huergo, ideólogo de la transformación de los últimos 20 años. Domínguez tuvo mucho que ver en la redacción del Plan Agroalimentario Nacional –de 2012- que se propone llegar en 2020 a 160 millones de toneladas de granos, con un 20 por ciento más de soja. En el kirchnerismo también existen sectores que no coinciden con esos criterios y acompañaron al Mocase en el juicio que se realizó en Monte Quemado, como el diputado nacional Leonardo Grosso, del Movimiento Evita.

Muertes como la de Cristian Ferreyra tocan además al hombre fuerte de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, exitoso en su proyecto de conservar el poder en su provincia y al mismo tiempo tener un vínculo privilegiado con la Casa Rosada que lo llevó a ser designado presidente provisional del Senado. Zamora es el último exponente de aquello que se llamó los radicales K: tercero en la línea de sucesión detrás del todavía vicepresidente Amado Boudou, en estas horas festeja el primer año de su esposa como sucesora en la gobernación de Santiago.

Mientras la mayoría de los candidatos de la oposición prometen bajar las retenciones y se deshacen en gestos hacia la Mesa de Enlace, ninguno se refiere a los expulsados por el desmonte y el avance incontenible del agro-negocio, que se profundizó durante los años de mandato de Néstor y Cristina Kirchner. Junto con sectores del oficialismo que respaldan el reclamo de los pobladores originarios, el MOCASE tiene un aliado de peso que hasta hace poco era insospechado: el Papa Francisco, que recibió a principios de 2014 a Angel Strapazzón y que defendió el derecho a la tierra en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares que se realizó a fines de octubre pasado en el Vaticano. “Me preocupa la erradicación de tantos hermanos campesinos que sufren el desarraigo, y no por guerras o desastres naturales. El acaparamiento de tierras, la desforestación, la apropiación del agua, los agrotóxicos inadecuados, son algunos de los males que arrancan al hombre de su tierra natal”, le dijo el Papa a un grupo de 100 dirigentes de América Latina entre los que estaba Evo Morales.

El próximo juicio por el crimen de un campesino será el de Miguel Galván, que murió degollado once meses después que Ferreyra en el Paraje El Simbol, la zona de frontera entre Santiago y Salta. La causa está en manos del juez de instrucción de Metán, Mario Di Lacio. Por unos pocos metros de distancia, la discusión se trasladará en poco tiempo a la provincia de José Manuel Urtubey, Juan Carlos Romero y el rey de la soja, Alfredo Olmedo.

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