Monsanto Technology LLC ha entablado dos juicios contra importadores de harina de soja argentina en Dinamarca y Holanda. En tanto, detuvo cuatro cargamentos más en España y uno en el Reino Unido, que seguramente derivarán en nuevos litigios.
La compañía alega que esa harina de soja contiene su gen de resistencia a glifosato, que está patentado en la UE, por el cual no recibe compensación en la Argentina y que por lo tanto se está violando su derecho de propiedad intelectual.
En la acción realizada contra los importadores, el Estado argentino ha logrado ser aceptado como parte interesada.
Su argumento más fuerte es que la patente de la tecnología no alcanza a la harina de soja, un producto desnaturalizado obtenido a partir del grano que produjo una semilla que sí contenía el gen de resistencia a glifosato.
Por otra parte, en la Argentina la empresa había licenciado el gen a las semilleras que desarrollan el germoplasma (las variedades). Pero como el nivel de ventas de semilla fiscalizada no alcanzaba las expectativas (se habla de 20%, y el resto uso propio y bolsa blanca), la empresa decidió suspender el cobro de la regalía y accionar por la vía judicial.
Esto ocurrió después de dos años en que usuarios, semilleros y proveedor de la tecnología no lograron llegar a un acuerdo.
Pero ahora el conflicto cambió de escala. Por un lado lo lleva adelante la casa matriz de Monsanto, en los Estados Unidos. Por el otro, es el Gobierno argentino quien paga abogados en la UE y moviliza a su diplomacia para defender una posición país.
Es que no se trata de si son 15 dólares por tonelada, 10, 2, 1 o 50 centavos, el descuento. Se trata de un leading case en materia de propiedad intelectual, que puede sentar un antecedente importantísimo para las relaciones comerciales entre países. Empresa y Estado lo entienden así.
Monsanto está haciendo hincapié en que su negocio es el desarrollo y comercialización de nuevos “traits” (eventos) biotecnológicos. Su principal unidad de negocios es Semillas y Genómica.
Particularmente le interesa penetrar en mercados agrícolas fuertes como Brasil, la India o Australia y recuperar el valor tecnológico de sus desarrollos.
Por eso, así como en su momento promovió acciones antidumping contra el glifosato de origen chino, porque competía con su principal agroquímico, el Roundup, hoy lleva adelante esta cruzada global por los derechos de propiedad intelectual.
De ahí que en esta instancia se haga difícil pensar en un acuerdo entre la compañía y las entidades de productores locales, considerando que hay juicios en marcha en el exterior. El Gobierno Nacional tendería a desconocerlos -en el caso de que efectivamente se alcancen- ya que legitimaría lo que ahora deben resolver los juzgados.
Desde ambas partes hay confianza en el resultado de los juicios. “Si los iniciamos es porque tenemos un fuerte asesoramiento jurídico que nos indica que es un reclamo legítimo”, dicen desde la compañía. “La razón está de nuestro lado. Van a perder”, responden desde el Gobierno. Un dato: la opinión de un importante instituto alemán de propiedad intelectual no le da la razón a la compañía.
Pero habrá que esperar entre 12 y 18 meses para que el primer juicio incline la balanza de la razón.
