En sesión ordinaria que se realizó este jueves, la Cámara de Diputados de la provincia sancionó el proyecto de ley por el que se autorizó al Ejecutivo entrerriano a adquirir créditos por más de 60 millones de pesos y lo facultó a “realizar las acciones necesarias”, para que se constituya una sociedad anónima para proyectar, construir y administrar un mercado concentrador en Paraná, registró AIM. Como garantía se pondrá la coparticipación provincial.
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En la séptima sesión del 134 período legislativo, la mayoría de los diputados sancionó el proyecto de Ley, que venía en revisión de la Cámara de Senadores, por el que se autorizó al gobierno a tomar dos créditos por más de 30 millones de pesos cada uno y a realizar “las acciones necesarias”, para que se constituya una Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria (Sapem) para proyectar, construir y administrar un mercado concentrador en la capital, integrada por el Estado provincial y la Empresa de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer), que tendrán el 51 por ciento de participación.
La defensa del proyecto la realizó el legislador oficialista Martín Uranga quien explicó que la iniciativa remitida por el Ejecutivo lo faculta para constituir “una sociedad anónima con participación mayoritaria con el objeto de crear el mercado concentrador de Paraná, que es imprescindible por dos razones: para asegurar abastecimiento y transparencia, en especial, de productos alimentarios y, por el otro, porque el Estado será regulador de la cadena de alimentación, para favorecer al productor pequeño y mediano, por lo que se acerca al consumidor al productor, por lo que se elimina una gran cantidad de intermediarios”.
En ese sentido, destacó que un detalle que caracteriza la propuesta “es, justamente, el lugar de emplazamiento que será el aeropuerto de la capital, por lo que se transformará en un aeropuerto internacional de cargas al costo del Estado nacional o de los concesionarios”. Además, consideró que “los valores fundamentales del nuevo mercado son la seguridad alimentaria, incorporar valor agregado, generación del empleo, beneficio del productor y auto sustentabilidad económica”.
Por su parte, la diputada Rosario Romero, del bloque “Evita Militante”, acompañó el proyecto ya que “el mercado concentrador El Charrúa quedó chico, de modo tal que la posibilidad de migrar a los terrenos del nuevo aeropuerto es importante”, pero consideró que los montos estipulados para las obras complementarias serían insuficientes, ya que Paraná “es capital de la provincia, posee 300 mil habitantes y debe mejorar tres accesos a rutas, para que el mercado funcione”.
Además, sugirió que se debería erigir junto al nuevo mercado un centro de transferencia de carga y descarga, porque explicó que “la ciudad no puede tolerar más camiones de gran porte; se violan normas locales y los paranaenses tienen derecho a cuidar sus calles y porque la ciudad fue diseñada con pocas avenidas y calles angostas”. La legisladora también valoró que sea una Sapem la forma jurídica escogida, pero advirtió que los mecanismos de fiscalización “se le otorga a la Fiscalía de Estado parte del órgano fiscalizador, por lo que el Estatuto de la Sociedad deberá perfeccionar el modelo de fiscalización”.
Críticas al del endeudamiento público y los mecanismos de control
En tanto, la diputada socialista del Frente Amplio Progresista (FAP), María Emma Bargagna, explicó a AIM que votó en general pero no en particular porque no tenía los elementos que le permitieran hacer una valoración seria y responsable de lo que se aprobó: “Entendemos que deberíamos merecer respeto y no la violencia institucional que se hace cuando dejamos de tener la misión que nos dieron los ciudadanos de la provincia, por eso pedimos que volvamos a encausarnos dentro de la institucionalidad”. En ese marco, aseguró que “nadie puede estar en contra de un mercado concentrador para Paraná”, pero aclaró que los legisladores deben tratar de organizarse “por cuestiones que tienen que ver con dinero público”.
A la abogada le preocupa “lo que se está haciendo con Sidecreer, que fue creada en el gobierno de la Alianza para generar un sistema de barato crédito para los trabajadores del Estado y con la Fiscalía de Estado, que aparece como un organismo multipropósito integrando la sindicatura de todas las sociedades que se crean, lo que está fuera de lo que la Constitución establece”.
Por su parte, el bloque del radicalismo, que también aprobó en general pero no en particular, cuestionó el endeudamiento público. Al respecto, el diputado Fuad Sosa argumentó que el proyecto que se sancionó “genera más incertidumbre a los entrerrianos por el gran endeudamiento que significa, pero compartimos que se hagan cosas, ya que sabemos que es necesario descentralizar y sacar del centro de la ciudad el mercado El Charrúa”.
“Es bueno que se instale en un predio que fue cedido por el gobierno nacional, es bueno prestar atención a nuestra producción, pero también es cierto que vemos una provincia que también se va endeudando y no sabemos cómo se resolverá ese endeudamiento de la provincia de aquí en adelante, lo que podría generar dificultades al Estado en las próximas gestiones”.
Además, el diputado del Partido Socialista (PS), Lisandro Viale, no acompañó la iniciativa, porque dijo que el gobierno no tiene credibilidad, ya que impulsó otras iniciativas que implicaron inversión pública que fracasaron: “Queremos que lo que se dice después se cumpla en la realidad, ya que no vemos que se concreten las cosas”.
Fuente AOM
