-¿Cómo describiría la percepción que el Gobierno o Kirchner tienen del sector agropecuario?
-Para la administración Kirchner, el sector agropecuario es ante todo un generador de recursos fiscales. Creo que no hay una visión política, social o incluso productiva. Por esta razón, las retenciones terminan constituyendo el eje de la política hacia el sector.
-Esta relación con el sector agro, ¿cómo sería comparativamente con la que mantienen otros sectores económicos?
-La industria parece ser el sector con mejor relación política con la actual administración. Las declaraciones de los dirigentes de la UIA han sido muy explícitas al respecto. La construcción, donde la inversión pública en infraestructura ha tenido un rol importante en el crecimiento del sector, también parece tener buena relación con el Gobierno. El mismo sector financiero y las empresas privatizadas, inicialmente muy criticadas, ahora tienen mejor relación. En el caso del agro, la relación parece menos próxima, pero además el sector tiene muchas dificultades para unificar un discurso y una acción frente al Gobierno, lo que hace más difícil la relación con el Gobierno.
-Desde el sector se dice que no hay capacidad de influencia o lobby sobre el Gobierno, ¿cree que esto es efectivamente así?
-El agro tiene menor capacidad de lobby o influencia política que los demás sectores empresarios. Ello no es nuevo, y, como dijimos, entre otras causas tiene relación con la falta de unidad de acción. Cuando se analiza cómo funciona el sector en los países en los cuales tiene más influencia política, es claro que logra incidir sobre los votos, logrando que en determinadas regiones en las que el agro es relevante, se vote a favor o en contra del Gobierno de acuerdo con las políticas que aplica hacia el sector. Esto no sucede en la Argentina, como lo confirmó la elección del año pasado.
-Los dirigentes han planteado más de una vez poder contar con una “bancada ruralista”, que se embandere de la posición del sector. ¿Es factible eso en este sistema de representación?
-Es difícil lograr una “bancada”ruralista, al estilo de lo que funciona en Brasil, donde el agro tiene un conjunto importante de legisladores que lo representan. Pero sí podría lograrse que aquellas provincias donde el agro es fundamental en el PBI asumieran la defensa de los intereses del sector. Creo que habría que pensar más en una regionalización de la acción política del agro, al estilo de lo que sucede en Francia y los EE.UU.
-Hay una experiencia que dirige la diputada María del Carmen Alarcón llamada Pampa Sur. ¿Cómo la evalúa?
-El Grupo Pampa Sur ha sido una experiencia interesante y positiva, que ha logrado instalar en algunos sectores por lo menos la “agenda” del agro, aunque no haya obtenido demasiados logros concretos. El tema es que persevere y se mantenga constante en la acción.
-A su juicio, ¿se equivocaron SRA y CRA al no firmar el acuerdo de precios de la carne bovina con Kirchner? ¿Cómo se lee en clave política el hecho de haber firmado y luego pedir sacar la firma?
-Las entidades ante todo tienen que representar a los intereses del sector. Si se equivocan políticamente en una acción concreta no es relevante, en mi opinión, siempre que hayan intentado defender estos intereses. En mi opinión, la actitud que asumieron fue en defensa de los intereses del sector. Los problemas recientes con el aumento del precio de la carne quizás muestran que finalmente no fue una actitud tan errada.
-¿Qué diferencia puede marcar la conducción de Miceli respecto de Lavagna en cuanto a su relación con las empresas del sector?
-El Banco Nación siempre ha tenido una relación importante con los productores en todo el país. Esta experiencia previa de Miceli, pienso que le da mayor comprensión sobre los problemas concretos del agro, y ello puede ser positivo para la relación del agro con la cartera económica.
-¿Se puede hacer una lectura política de la confrontación con Monsanto por propiedad intelectual? ¿Por qué no termina de instalarse en la agenda del Presidente, no ya de la Secretaría de Agricultura?
-El conflicto con Monsanto debería instalarse en la agenda de la política exterior argentina. Pero el agro no logra una acción unificada al respecto y el Gobierno no percibe que de este problema puedan surgir costos electorales. Por estas dos razones, no parece prioritario para el Gobierno.
J.P.P
