La industria de los espumantes (champagne) volvería a tributar impuestos a partir del mes próximo y al fisco le empezarían a ingresar unos $ 500 millones adicionales por año. La posibilidad quedó abierta luego de que la exención impositiva que viene beneficiando a las productoras de este tipo de bebidas desde 2005 fuera prorrogada por el Poder Ejecutivo solamente hasta el 1 de mayo.
La industria vitivinícola está atenta desde febrero pasado, cuando el presidente Mauricio Macri firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para prorrogar la exención impositiva hasta fin de abril y no hasta fin de año, como hicieron sucesivamente Néstor y Cristina Kirchner durante sus presidencias. En el mercado se tomó esta decisión del Jefe de Estado como una clara señal de que tenía en mente revisar todos los impuestos específicos. Hace 11 años que la elaboración de espumantes está exenta, por un decreto del Poder Ejecutivo, de tributar el impuesto interno, un canon del 12% que se le aplica a productos considerados lujosos. Fue impulsado para aliviar la carga impositiva sobre un producto que ahora es considerado un alimento, porque es un tipo de vino, y no una bebida de lujosa, según consigna El Cronista.
En la sesión del miércoles pasado, la Cámara de Diputados ratificó un decreto del presidente Mauricio Macri que extendió el beneficio nada más que por 30 días. Y las señales que los bodegueros vienen recibiendo se orientan a una medida que terminará con esas exenciones. Es que el ministro de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, Alfonso Prat Gay, es proclive a poner fin a este tipo de medidas para reducir el déficit fiscal. Además porque se considera a los espumantes como una bebida más y no como un bien suntuario al estilo de los yates, por ejemplo. Desde Mendoza, bodegueros y funcionarios provinciales realizan gestiones para evitar el fin de esta exención. También se sumó el senador nacional Julio Cobos (Cambiemos), aunque hasta ahora sin suerte. Igual situación sufre la industria tabacalera.
Según un informe elaborado por las autoridades de Mendoza y publicado el viernes por el diario Los Andes, la industria “champañera” es la más dinámica dentro de la vitivinicultura y la que más creció en la última década, gracias a la exención dispuesta a cambio de que los bodegueros invirtieran “el ahorro fiscal” en mejoras. El documento agrega que el “costo fiscal, económico y social” que podría generar la pérdida de la exención sería de un incremento del 12%, que es la tasa que fija la Ley de Impuestos Internos. De hecho, se advierte que el aumento se trasladaría al precio final del producto o podría reducir los valores que reciben los productores vitivinícolas que venden uva a las champañeras. Como consecuencia más indeseada, podría incluso generarse pérdidas de empleo a mediano plazo.
En tanto, desde la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), aseguran que no existen motivos válidos para dejar caer el beneficio. Y sostienen que la exención “representa un beneficio muy importante para las bodegas y tiene un costo fiscal muy bajo para el Gobierno Nacional”. La entidad empresarial recordó que, el sector invirtió $ 1330 millones entre 2005 y 2014, cuando el acuerdo exigía $ 1114 millones de inversión a cambio de la exención.
