El crecimiento de la fabricación y comercio ilegal de cigarrillos genera preocupación en el sector tabacalero, ya generó procedimientos de clausura por parte de la AFIP, y advierten que el fenómeno se incrementó a partir de la suba de impuestos.
La AFIP realizó media docena de allanamientos en la provincia de Buenos Aires y en Goya (Corrientes) y constató que dos de los establecimientos se dedicaban a la fabricación clandestina de cigarrillos y estaban en pleno funcionamiento en la zona sur del Gran Buenos Aires.
A raíz de este descubrimiento, los dos establecimientos fueron clausurados y una persona quedó detenida, a disposición de la Justicia.
Según advierten fuentes del sector, el crecimiento de este delito se disparó a partir de mayo tras el fuerte aumento de la carga fiscal de los cigarrillos que hoy alcanza al 80% del precio de venta al público, hecho que forzó a elevar fuertemente los precios de los atados e hizo más atractivo el comercio ilegal.
El fenómeno generó la preocupación de los vendedores minoristas, y la Unión de Kiosqueros de la República Argentina ya advirtió que “estamos cerca de que vuelva a pasar lo del 2000, cuando la ilegalidad se llevaba gran parte del negocio”.
Desde la suba de impuestos, el número de incautaciones de producto ilegal realizadas por las fuerzas de seguridad creció con fuerza.
Según el secretario de Relaciones Públicas e Institucionales de Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Fabián Castillo, “hoy el cigarrillo es uno de los productos que tiene mayor cantidad de impuestos y estamos viendo una enorme entrada al país de cigarrillos de dudoso origen”.
Un estudio realizado por la Comisión Contra Productos Ilegales (CCPI), que agrupa a entidades de productores, empresas fabricantes y al sector comercial, entre diciembre del año pasado y enero de 2016 en la región NEA -la más afectada por el comercio ilegal- el 85% de la población reconoce que la Argentina tiene un problema con los cigarrillos ilegales y el mismo porcentaje considera que el Gobierno debería tomar más medidas para atacar el problema. Asimismo, a nivel nacional, el 90% de los consultados siente preocupación por que esta actividad financie al crimen organizado.
