Productores del Este de Mendoza, que en febrero participaron de dos camionetazos a Casa de Gobierno, exigiendo políticas económicas que mejoraran la rentabilidad de sus vinos, proponen ahora que por ley del Congreso se fijen precios mínimos para la uva, el vino y el mosto, según publicó Los Andes.
Para conseguirlo han elaborado un anteproyecto de ley que prevé la conformación de una “comisión articuladora de precios”, que se encargaría de fijar semestralmente “precios mínimos y consensuados” tanto para la uva y el vino, como para el mosto.
“Está claro que desde la desregulación que sufrió la actividad en los 90, el mercado vitivinícola no obedece la regla básica de la economía que habla de oferta y mercado porque acá, sobre o falte uva, el que siempre pierde es el productor primario que está en manos de la decisión del oligopolio que controla los precios”, explicó Gabriela Lizana, de la Asociación de Productores en Acción (APA), entidad que elaboró el anteproyecto de ley, que será presentado a las distintas fuerzas políticas con la idea de conseguir respaldo para su tratamiento en el Congreso.
Los productores aseguran que debido a los crecientes costos y a la baja en la rentabilidad de los viñedos, trabajan prácticamente a pérdida: “Mantener una hectárea de viña cuesta $ 35.000 y da una rentabilidad en el Este que ronda esa cifra”, aseguraron durante la reunión en la que presentaron la propuesta de ley.
“Se trabaja a pérdida y, entonces, se hace necesaria la reglamentación para fijar precios mínimos y que no sea siempre el productor primario quien sostenga a la actividad”, agregó Lizana.
El anteproyecto prevé entonces, la conformación de una comisión articuladora de precios que, a través de una serie de estudios, determinaría semestralmente el valor mínimo para la uva, el vino y el mosto.
Para ello se prevé la conformación de equipos técnicos que elaboren informes sobre costos de producción, elaboración y también de la rentabilidad en la cadena comercial: “Para establecer porcentajes de ganancias, que marquen a su vez cuánto le queda al productor porque hoy, entre el 60 y 70% se lo reparten entre el comerciante y el distribuidor”.
La propuesta de ley plantea, además, la necesidad de establecer la obligatoriedad de contratos para la comercialización de la uva entre el productor y la bodega, “donde se establezcan claramente precios y formas de pago, con la idea de que el viñatero sepa qué es lo que va a cobrar y cómo, para que después no le cambien el discurso”.
Esta comisión que determinaría los precios mínimos y estaría formada por representantes de la Nación, de las provincias vitivinícolas, de los productores e incluso de los obreros rurales y contratistas, funcionaría con recursos de la Coviar y la Nación, dentro del INV.
“Venimos trabajando en esta idea desde hace tiempo y la hemos charlado con distintas fuerzas políticas, que se han mostrado de acuerdo”, explicó Lizana, aunque no dio nombres concretos de legisladores interesados en la iniciativa: “Mire, tenemos que llevarla al Congreso y que se trate cuanto antes, porque la situación no da para más. En los últimos tres años hemos tenido un dólar que duplicó su valor en pesos, una inflación del 170%, el gasoil que aumentó el 250% y los herbicidas están, en este tiempo, un 600% más caros. En definitiva, o fijamos un precio mínimo para la actividad que la haga rentable o la situación se tornará insostenible”.
