La Federación Agraria Argentina (FAA) se sumó este martes a la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) en la defensa del sistema de vacunación antiaftosa en Argentina a través de fundaciones y entes sanitarios.
Esta nueva polémica en torno a la fiebre aftosa -que se suma a muchas otras ocurridas en los últimos años, como el debate por su precio y la barrera sanitaria de la Patagonia-, nació el viernes pasado, cuando el Gobierno dio a conocer una resolución que habilita a los productores a cumplir el plan de vacunación obligatoria a través de veterinarios privados.
Automáticamente, esto ha generado una disputa interna incluso dentro del agro: mientras algunas entidades rurales defienden el sistema de vacunación vigente, son numerosos los productores que celebran la posibilidad de tener la libertad de elegir su proveedor y no estar obligados a someterse a su ente regional.
FEDERACIÓN AGRARIA Y LA VACUNACIÓN ANTIAFTOSA
En este contexto, la FAA emitió un comunicado titulado “El precio de desarticular un sistema sanitario que funciona”, en el que cuestionó el avance realizado por el Estado sobre el modelo que rigió en las últimas dos décadas y que -al igual que lo argumentado por Carbap- considera que fue la clave para que Argentina no volviera a sufrir brotes de la enfermedad.
“La sanidad animal en la Argentina es un enorme capital construido con el esfuerzo de todos: los productores, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y las entidades del sector. Es un sistema solidario que ha funcionado muy bien durante muchos años y que permitió sostener estándares sanitarios reconocidos en el mundo”, afirma la FAA.
Y añade: “Por eso preocupa que hoy se lo ponga en riesgo con una medida tomada de manera inconsulta”.
En este marco, si bien reconoce que obviamente los productores quieren bajar costos, opina que “no es el camino”, y que no hay que abandonar el sistema, sino que aquellos entes donde los costos están desfasados, deben ser controlados y ordenados”
El problema según la FAA es que ese control no se hizo, cuando “controlar el precio de la vacuna y de su aplicación, y actuar donde las cosas no se hacen bien, es una obligación del Estado”.
En ese punto fue que defendió el modelo de vacunación actual: “Pero eso no se resuelve debilitando un sistema sanitario que ha demostrado que funciona. Con la medida tomada la semana pasada se restringe el poder de contralor por parte del Senasa, en caso de una emergencia los entes ya no tendrán la misma capacidad de generar anillos y contenerla”.
Asimismo, la entidad que conduce Andrea Sarnari teme que el problema radique en el control efectivo de la aplicación de la vacuna, que ha sido lo que lograron los entes sanitarios bajo la articulación público-privada.
“El verdadero camino es fortalecer el sistema sanitario argentino. Vivimos en un mundo cada vez más exigente en materia de sanidad y trazabilidad, y así sostener y ampliar los mercados de la ganadería argentina”, cierra el comunicado.
