A la falta de respuestas le sigue la acción. Es que desde mayo, vecinos de Colegiales vienen presentando acciones penales y denuncias en distintos entes del gobierno porteño para frenar lo que, según establece el Código de Planeamiento Urbano (Ley 2567), es un mercado ilegal. Se trata de la primera sede del Mercado Central en la Ciudad, cuyo vicepresidente es Alberto Samid, que está siendo construida en un predio ferroviario. Como no recibieron respuestas ni soluciones de ningún funcionario y la construcción crece a pasos acelerados, los vecinos decidieron cortar esta mañana Cramer y Maure en rechazo absoluto a la apertura del predio, según publicó Infobae.
“No al mercado, cumplan con la ley”; “Sí a la plaza, no al mercado”, “Vivís en la Ciudad, olvidate de tus derechos”, fueron las principales consignas en los carteles y cánticos de la marcha. Es que, según le manifestaron a Infobae, el mercado es un despropósito que “viola burdamente el Código de Planeamiento”, ya que se trata de un barrio residencial de baja densidad (U20), donde deben cumplirse ciertos requisitos de edificación que difieren de la zona (UF, Urbanización Futura) donde se está montando el predio.
Samid fue el único que, hasta el momento, dio declaraciones públicas al respecto y defendió la creación del mercado (de 3 mil metros cuadrados) al decir que “es una forma de ofrecerle a la gente precios más bajos que les permitan combatir la inflación”. Tales declaraciones generaron aún más bronca entre los vecinos que consideraron que no es un argumento válido cuando se trata de una zona residencial y cuando es un proyecto ilegal que lo único que hace es atender los beneficios económicos de algunos y atentar contra todos los derechos de los vecinos.
“Esta instalación arrancó en mayo. En un principio, fuimos a la Comuna 13 donde no nos dieron respuesta. La ley no permite este tipo de edificación porque es un barrio que no está preparado ni habilitado para semejante estructura. Es ilegal instalar el mercado acá porque las calles son angostas y empedradas, hay cinco escuelas en dos manzanas, las edificaciones son bajas y el acceso (para el tránsito pesado) es difícil. Es una zona poco accesible para, por ejemplo, camiones de carga y descarga de mercadería. El mercado de La Plata mueve entre 4 mil y 9 mil personas, ¿y me dicen que no es necesario un estudio de impacto ambiental para levantar el predio? Yo quisiera que alguien me explique cómo van a entrar y salir los camiones; ¿quién va a controlar este mercado y regularlo?; ¿quién se va a hacer cargo del elevado número de circulación de gente?; ¿de la basura?; ¿Va a estar a cargo del Gobierno nacional o de la Ciudad? Acá nadie explica nada. Acá hay una normativa que impide esta obra y la ignoran como si nada porque no les importa. Disfrazan una supuesta buena acción infringiendo la ley”, le dijo a Infobae Mónica Albirzu, vecina del barrio y denunciante del caso ante la Justicia.
Albirzu denuncia “negocios entre Nación y Ciudad” porque, de lo contrario, esto “no prosperaría”. “Nos enteramos de casualidad que el 20 de diciembre tienen previsto inaugurar el mercado. Nosotros presentamos un pedido de amparo ante la jueza en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad, Patricia López Vergara, solicitándole frene las obras hasta tanto resuelva la cautelar. Argumentamos que entendiendo que está próximo el fin de las obras, si lo detiene ahora va a evitar el conflicto social que se va a generar una vez abierto el mercado. No obstante, rechazó ayer la cautelar. Entonces, ¿la alternativa es que yo deba pelearme con el puestero una vez inaugurado esto? Hace siete años los vecinos decidieron con doble lectura y audiencias públicas ciertas obras que se hicieron en el barrio y que ahora no se respetan. A nosotros nadie nos preguntó nada”, añadió la mujer.
Los vecinos, cansados de la ausencia de respuestas, iniciaron una serie de acciones legales y penales contra varios funcionarios públicos. Entre ellos, el presidente de la Agencia de Protección Ambiental del gobierno porteño (APrA), Juan Carlos Villalonga, acusado de rehusarse en reiteradas ocasiones a clausurar la construcción de una nueva sede del Mercado Central en Colegiales. Según los vecinos, el propio organismo admitió que los trabajos de construcción realizados se “iniciaron sin ni siquiera iniciar la Evaluación de Impacto Ambiental”. La APrA clausuró en varias oportunidades la obra, pero luego decidía levantarla bajo argumentaciones sin sustento legal.
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Los vecinos insisten que es obligatorio y fundamental la Evaluación de Impacto Ambiental, lo que es negado en un escrito del Código de Planificación Urbana por el director de la Dirección General de Interpretación Urbanística (DGIUR), Antonio Ledesma (también denunciado por la “interpretación urbanística disparatada” para aprobar eso) por tratarse de un terreno del Estado. En tanto, el presidente del APrA, Juan Carlos Villalonga, incumplió con sus obligaciones y prosiguió con la obra, aún sin tener planos hasta que fueron exigidos por los denunciantes. Él mismo dijo “desconocer la existencia en el lugar de una obra edilicia para el funcionamiento de un mercado”, así como tampoco nunca envió a alguien a inspeccionar el lugar.
También fueron denunciados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público (en el art. 248 del Código Penal) algunas personas de la Dirección General de Registro de Obras y Catastro responsables de autorizar y registrar los planos de una obra en un distrito en el cual el Código de Planeamiento de la Ciudad no lo permite. La denuncia está en manos del el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 13 a cargo de la jueza Patricia Guichandut.
El mercado de Cramer 475 sigue siendo construido a pasos agigantados. En tanto, y pese a la cantidad de denuncias efectuadas, ningún funcionario se acercó al lugar para inspeccionar o hablar con los vecinos, quienes contaron que la semana pasada tenían coordinado un encuentro con Horacio Rodríguez Larreta, y canceló a último momento sin nunca más reprogramar la cita. “Iremos agotando las instancias legislativas y penales”, advirtió Albirzu. Por su parte, Axel, otro vecino, reclamó: “Si el propio Gobierno viola sus leyes, no pueden pretender que los ciudadanos no lo hagamos. Se habla de un flujo de gente que ya excede lo permitido en el barrio. Son mercados pensados para barrios con la logística preparada para semejante movimiento. Acá no pasan dos autos por una calle y quieren que circulen camiones”.
Saúl, un vecino de toda la vida, se mostró enojado e indignado con la falta de control gubernamental y la desatención: “Acá había un proyecto para hacer una plaza y salen con esto que nada tiene que ver con el barrio”. En sintonía con lo anterior, Marcela se mostró preocupada por las consecuencias que puede traer la instalación del mercado para quienes son laburantes y tienen familia. “Lo peor no es solo que es ilegal, sino que esto (una vez funcionando) va a provocar un flujo de gente incontrolable, problemas en el tránsito, inseguridad para los chicos que asisten a los cinco colegios de la zona, sin contar la basura. Encima, en caso de ser clausurado, también corremos el riesgo de que ocupas tomen el terreno. La sensación es de abandono, desprotección e impunidad”, concluyó.
