Cuando el 16 de julio arrancó la maratónica sesión del Senado que terminó en el “voto no positivo” de Cobos la madrugada del 17, la discusión en torno de las retenciones móviles tenían como sustrato la percepción de que precios de los commodities agrícolas no tenían techo.
La pelea, se decía, era por la distribución de esa renta extraordinaria brindada por factores externos de carácter excepcional. Gobierno y chacareros lucharon para que esa renta quedara de su lado.
El caso es que a la fecha viene sucediendo todo lo contrario.
Tomando como referencia los precios FOB oficiales que publica la Secretaría de Agricultura, el maíz pasó de cotizar 243 dólares el 16 de julio a 184 u$s/t el 30 de septiembre (24% de caída).
El trigo cedió casi un 20% en el valor sobre el que se calculan las retenciones, mientras que la soja lo hizo en un 28% y el girasol en un 15%. De esta forma, la soja que hubiera tributado un 47% ahora pagaría 36% de estar vigente la 125, es decir muy cerca del nivel actual de 35% puesto por el ministro Peirano. El girasol pagaría 35%, es decir 3 puntos más que en la actualidad.
Pero el trigo, debido a la caída hoy tributaría 23%, o sea cinco puntos porcentuales menos que en la actualidad, igual diferencia que el maíz, que tributaría 20%, lo que constituye una verdadera paradoja.
Pero la pregunta es por qué si el Gobierno estaba dispuesto a ceder derechos de exportación ante una baja de los cereales como está ocurriendo en la actualidad, hasta ahora no lo ha hecho.
Desde las entidades gremiales se ha hablado de algo así como un operativo venganza del Gobierno hacia el sector y la respuesta ha sido lanzar un nuevo paro agropecuario.
Sin embargo, las circunstancias en las que se convoca al paro no repiten las existentes en ocasión de la 125 a saber:
a) Al 11 de marzo había un Gobierno que se percibía a sí mismo como invencible y nadie ponía en tela de juicio su capacidad combativa. Después del 17 de julio se comprobó que las balas también le entran al kirchnerismo, aunque el disparo no provino desde la oposición sino desde un sector económico como es el agro.
b) Después del 11 de septiembre había un elemento aglutinador que era la 125. Hoy ese elemento no existe y ha sido reemplazado por una serie de reclamos más inespecíficos, dentro de los cuales está seguir con la baja de retenciones.
c) Se vio que el fiel de la opinión pública es extremadamente sensible y que puede pasar de aprobar a castigar con la velocidad de un rayo.
d) Hubo cambios en el liderazgo. Dos moderados ya no están. Miguens ha sido reemplazado en la titularidad de la SRA por Hugo Biolcati, de un perfil más combativo y en Coninagro, Carlos Garetto de ACA asumió el rol de cara y voz de la entidad, en lugar de Fernando Gioino (SanCor), de oportuna licencia.
Por otra parte surgió la figura de De Angelis, de muy buena imagen mediática y los autoconvocados, como adicional factor de presión. Por último, Buzzi revalidó títulos al frente de la FAA, pero también consolidó un perfil más de hombre de la política partidaria, algo a lo que no son ajenos los líderes federados.
e) Lejos de introducir cambios afines a las expectativas de los ruralistas, el Gobierno abroqueló en las áreas de Agricultura a figuras que responden a sus más intrínsecas corrientes. Ricardo Echegaray es el objeto de la furia de los dirigentes, a quien no teme en responder como vocero oficial. “Lo hace porque no tiene compromiso de ningún tipo con ellos”, remarcan en su entorno, tal vez buscando diferenciarse de Cheppi, un pingüino de pura cepa, pero más moderado posiblemente debido a su historia vinculada al agro.
Lo cierto es que en estas condiciones se produce un nuevo rebrote del conflicto y las apuestas se dividen.
Hay quienes esperan con esta nueva carga el empujón final a un Gobierno que viene tambaleante.
Otros son escépticos respecto de que las entidades puedan obtener un triunfo similar al logrado con la 125.
En lo que sí hay coincidencia es que no habrá un desenlace rápido ni sencillo para la situación.
