Dentro de los vetos generales aplicados por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner a normas destinadas al agro se encuentra el artículo 32 de la ley que estableció el ‘fondo de emergencia agropecuaria’.
Dicho artículo indica que los 500 millones de pesos anuales asignados por presupuesto al Fondo Nacional para la Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios (Foneda) ‘no utilizados al final de cada ejercicio serán afectados en el ejercicio siguiente’.
Es decir: establece, de alguna manera, la posibilidad de ir acumulando partidas para crear una suerte de fondo ‘contra-cíclico’ para catástrofes climáticas que afecten al sector agropecuario (tales como la sequía del ciclo 2008/09).
Sin embargo, por medio del decreto 1144/09, la presidenta vetó esa posibilidad al considerar que ‘al no provenir el financiamiento del Foneda de un recurso específico, sino de Rentas Generales, no corresponde que se afecten al ejercicio siguiente los saldos de créditos no devengados’.
