El Gobierno confirmó ayer que el 30% con destino a mosto pactado entre Mendoza, San Juan y La Rioja se mantendrá pese a las mermas, con el fin de cuidar el mercado externo de jugo argentino, que ya designó 20 mil de las 180 mil toneladas previstas.
En este contexto, empresas privadas exigen una flexibilización de las condiciones para acceder al régimen de incentivo de bodegas exportadoras, evaluándolo como un beneficio distorsivo que no facilita cumplir la pauta.
Así, como informa el diario mendocino Los Andes, en un escrito firmado por el presidente del Centro de Bodegueros y Viñateros del Este, Javier Palau, se pide al ministro de Agroindustria, Marcelo Barg, la derogación del Acta 55/2012 del 23 de marzo 2012, que reglamenta condiciones de acceso al régimen y a su vez revoca la n° 54, publicada el 15 de febrero.
La crítica se centra en que, mientras el acta de febrero exigía integración de capital social entre exportadores y trasladistas según la Ley de Sociedades Comerciales, según la revocatoria basta con acreditar un vínculo mediante convenios expresos que se deduzcan de documentación comercial de los dos últimos años.
En el escrito presentado desde el Centro de Bodegueros, piden que se expliciten los volúmenes de las exportaciones presentadas bajo el régimen y las bodegas que accedieron, para conocer el cumplimiento efectivo de la pauta.
