La Justicia federal debe analizar una nueva denuncia contra el vicepresidente Amado Boudou por los supuestos delitos de sedición, incumplimiento de los deberes de funcionario público y coacción, luego de sus declaraciones formuladas ayer contra la Justicia y otros sectores.
La presentación fue formulada por el empresario y político Juan Ricardo Mussa -aspirante varias veces a cargos electorales- ante el juez federal Marcelo Pedro Martínez De Giorgi. En su denuncia, Mussa pidió que se cite a testimoniar al presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi; al dueño de Boldt, Antonio Tabanelli; al Procurador General de la Nación, Esteban Righi; a los miembros del estudio de abogados “García, Labat, Musso y Righi”, y a Héctor Magnetto, CEO de Clarín.
Todas esas personas fueron mencionadas por el vicepresidente Boudou ayer en una exposición ante la prensa que hizo en el Senado, donde tras negar su intervención especial en la causa Ciccone denunció un “brutal ataque” mediático y judicial contra las instituciones democráticas a través de su figura.
“Vengo a interponer formal denuncia a fin de que investigue Vuestra Señoría la posible comisión de los delitos conforme a nuestra Constitución Nacional” por las actuaciones del vicepresidente de la Nación, sostuvo Mussa en su escrito ante la Justicia. Puntualmente, denunció los delitos de sedición, incumplimiento de los deberes de funcionario público, coacción, y violación a la Ley de Ética en ejercicio de la Función Pública.
“El Señor Amado Boudou, en una inusual forma, amenazó, coaccionó y violó prohibiciones e incompatibilidades aplicables, en la Ética Pública y al Código Penal Argentino, sin excepción, como Vicepresidente de la Nación Argentina, que representa que se desempeña en la función pública en todos sus niveles y jerarquías”, señaló Mussa.
El denunciante añadió que “haciendo una arenga”, Boudou “amedrentó al juez federal Daniel Rafecas (intentando una recusación)” en la causa Ciccone, “donde el vicepresidente no es hoy acusado”.
Para Mussa, “el señor Boudou cree que la fortuita acción de los ciudadanos de otorgarle aunque sea el 100 por ciento de los votos en las elecciones” podrían convertirlo “en una persona impune, que está libre de cometer de todos tipos de delitos a su antojo”.
