El Gobierno de Córdoba comenzó a enviar los cedulones a los productores agropecuarios con el nuevo impuesto para la conformación del Fondo de Infraestructura de Municipios y Comunas, sancionado por la Legislatura hacia finales del año pasado.
El aporte obligatorio que deberán realizar los contribuyentes del Impuesto Inmobiliario Rural es el equivalente al 2,1% de la base imponible de dicho gravamen, no pudiendo sufrir descuentos especiales.
“Esto fue sancionado el año pasado, en la última semana del año. Fue una vergüenza porque las entidades que ratificaron el acuerdo con De La Sota (en referencia a Coninagro, Federación Agraria y Cartez) fueron atadas de pies y manos. No pudieron oponerse a nada. A nosotros no nos invitaron porque sabían de nuestra opinión negativa”, dijo hoy a Infocampo Eduardo Ballesteros, presidente de la Sociedad Rural de Córdoba.
“Nosotros consideramos que por más que sea una cifra apenas superior al 2%, tiene un impacto negativo sobre la producción. Le pedimos oportunamente al Gobernador que se dedique a aplicar impuestos al juego, a la renta financiera pero siempre se prefiere apretar en el mismo lado. Lástima que las entidades que apoyaron la idea de De La Sota, prefirieron no oír nuestra posición”, agregó el dirigente.
La diferencia de opiniones respecto del nuevo gravamen, que pretende recaudar cerca de 300 millones de pesos y que, según la Ley 10.117, estará destinado a obras que contribuyan a la mejora de la infraestructura de agua y saneamiento, educativa, de la salud, de vivienda o vial de municipios y/o comunas en ámbitos urbanos o rurales, produjo fuertes fisuras dentro de la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (Cartez).
“Nosotros pertenecemos a Cartez y apenas se supo del nuevo impuesto que vendría dentro del Impuesto Inmobiliario Rural, directamente nos opusimos. En Cartez, en cambio prefirieron comprar la idea del Gobernador, que esto se traduciría en nuevas obras y mejoras que beneficiarían al sector agropecuario”, sostuvo Ballesteros.
Críticas
El presidente de Cartez, José Manubens Calvet no ahorró cuestionamientos a su par de la Sociedad Rural de Córdoba. En diálogo con Infocampo, aseguró que esa entidad responde directamente al Gobierno Nacional y le da la espalda a los productores.
“Ellos pertenecen a Cartez, pero es por mera formalidad. Todos sabemos que puntualmente Ballesteros (Eduardo) responde al Gobierno nacional. De hecho hasta sus propios dirigentes están en contra. El delegado de Córdoba en el Consejo Directivo de Cartez apoyó nuestra posición sobre este tema y ahora salen a decir lo contrario”, aseguró Calvet.
“Las bases que conforman nuestra entidad han consultado con sus productores y no hubo una sola queja sobre el apoyo a este acuerdo. Nos parece mal que lo hagan ahora cuando los cedulones se están repartiendo. Constan actas de nuestra entidad donde todo lo que hicimos y apoyamos fue ratificado por los productores que conforman nuestra entidad”, agregó.
Los fondos
Lo recaudado será administrado por el organismo a cargo que anualmente indique la Ley de Presupuesto. La recaudación del aporte se efectuará conjuntamente con el Impuesto Inmobiliario Rural, debiendo la Dirección General de Rentas rendir mensualmente los importes percibidos por tal concepto al organismo que tuviera su cargo la administración, según lo indicado precedentemente.
Gustavo Malem
