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Lorenzetti declara por la denuncia de “pacto”

El fiscal Delgado inició una investigación por la acusación de "pacto" entre la Corte y el Gobierno realizada por Elisa Carrió, en el marco de la reforma judicial. También quiere que declaren Julián Dominguez y Elena Higthon de Nolasco.

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El fiscal Federico Delgado requirió abrir la investigación sobre supuestas negociaciones entre la Corte Suprema y el Gobierno a raíz de la reforma judicial, por lo que consideró que es necesario citar a declarar en calidad de testigos, entre otros, al presidente del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti.

Fuentes judiciales confirmaron a minutouno.com que el requerimiento fue efectuado en el marco de la denuncia realizada por la diputada Elisa Carrió luego de la nota que Lorenzetti presentó al Congreso firmada por el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país, el camarista Gustavo Hornos, que tenía diferencias con otra anterior firmada por todos los presidentes de esas Cámaras de Apelaciones.

“Se torna necesario a efectos de determinar qué fue lo que efectivamente ocurrió, escuchar en declaración testimonial a las personas que de una u otra manera se vinculan con los hechos denunciados”, dice el dictamen presentado ante el juez Rodolfo Canicoba Corral.

Entre los que serán citados están Lorenzetti, la ministra de la Corte Elena Higthon de Nolasco, el presidente de la Cámara de Diputados, Julián Domínguez, el camarista  Gustavo Hornos, entre otros.
En el caso que tiene a su cargo el fiscal Delgado, Carrió realizó una denuncia subsidiaria de una más amplia que efectuó ante la Organización de Estados Americanos (OEA), titulada “Intento de subvertir el Orden Constitucional en desmedro de la independencia del Poder Judicial”.

Según se recuerda en el dictamen, la nota firmada por los presidentes de las Cámaras de Apelaciones, advertía sobre la preocupación de los firmantes por  tres puntos concretos del proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura,  la posibilidad de que el proyecto transfiera las facultades técnico-administrativas de la Corte al Consejo, los problemas que plantearía la designación de empleados judiciales en el modo propuesto en el proyecto y la preocupación por el nuevo régimen de mayorías necesarios para la apertura del proceso de remoción de los jueces.

Pero la nota que finalmente fue presentada ante la Presidencia de la Cámara de Diputados, no incluía el punto relativo al régimen de mayorías para la apertura del proceso de remoción de los jueces, se advierte en el dictamen.

Fuente: Minuto Uno

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