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Ratifican que Monsanto podrá seguir construyendo la planta de Malvinas Argentinas

Lo confirmó hoy un fallo de la jueza Graciela Escudero de Fernández. La magistrada advierte que la firma no podrá poner en marcha la unidad hasta que no esté el estudio de impacto ambiental. El fallo completo.

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Por Infocampo

La Justicia ratificó hoy a la Municipalidad de Malvinas Argentinas la orden para que se abstenga de autorizar a Monsanto la puesta en funcionamiento de la etapa operativa de la planta de acondicionamiento maíz en esa localidad del Gran Córdoba hasta que no se cumplimente el estudio de impacto ambiental, según publica La Voz del Interior.

“Mientras no se cumplimenten los requisitos previstos por las leyes, con la verificación de todos los recaudos por parte de los distintos organismos públicos, en especial la realización del correspondiente estudio de impacto ambiental”, sostuvo en su resolución Graciela Escudero de Fernández, titular del Juzgado de Conciliación de 4° Nominación de Córdoba.

En su fallo la magistrada indica que se debe preservar “el derecho a información de todos los ciudadanos” e insta a “la celebración de audiencia pública” y continúa: “todo ello a fin de evaluar adecuadamente los riesgos y consecuencias que trae consigo el funcionamiento de la planta en el municipio, en procura de la defensa del ambiente y de los recursos hídricos de la provincia”.

Por otra parte, Escudero de Fernández resolvió no hacer lugar al amparo planteado por la fundación Club de Derecho junto a un grupo de vecinos en contra de dos ordenanzas emitidas por el municipio de Malvinas Argentinas que habilitaban la realización de la “primera etapa” de la planta de acondicionamiento, es decir la obra civil.

Este fallo resuelve la denominada “cuestión de fondo” porque el Tribunal Superior de Justicia ya había resuelto en este sentido sobre un amparo de la multinacional el 23 de abril pasado.

En tanto, se espera que la evaluación final del informe de impacto ambiental según habían revelado fuentes de la secretaría de Ambiente estaría lista a fines de febrero del próximo año.

Hasta el momento, constitucionalistas aseguran que el Gobierno provincial y el municipio de Malvinas Argentinas violan la Constitución nacional al aplicar sólo normas provinciales y no las nacionales, como la ley nacional N° 25.675 –Ley General del Ambiente– en la habilitación de la planta.

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