Con tarifas que permanecen congeladas desde enero de 2012, los subsidios que otorga el Estado a la industria energética doméstica “se multiplicaron por 40” en los últimos ocho años y en el acumulado de 12 meses a octubre pasado superan los 80.000 millones de pesos, según un relevamiento de la Fundación Mediterránea.
La entidad resaltó que, en este contexto, por cada 100 dólares que exportan actualmente los productores agropecuarios, U$S 47,8 se destinan a la importación de combustibles, en un intento por satisfacer la demanda interna: casi el doble del promedio del mismo período (los ocho años anteriores).
Especialistas del Instituto de Estudios Económicos sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación indicaron que el déficit energético alcanzó los 6.088 millones de dólares en octubre, con respecto a igual mes de 2012, mientras que la balanza comercial, sin combustibles, arrojó un superávit de U$S 15.505 millones en el período.
En su informe divulgado a la prensa, el IERAL señaló que a mediados de 2011, “la Argentina se convirtió en un importador neto” de combustibles y desde entonces “el déficit de la balanza energética ha tenido una trayectoria ascendente”, hasta superar los U$S 6.000 millones en octubre pasado.
En este contexto, el Gobierno destinó en los últimos 12 meses casi el 50 por ciento (47,8%) de la masa de dólares obtenida de las exportaciones del campo a importar energía, “prácticamente el doble del promedio” de los ocho años anteriores.
Para complicar aún más la situación, “tomando los precios internacionales de los commodities, se observa una caída del poder adquisitivo de la soja en términos de petróleo: en 2012, cada tonelada podía comprar 5,31 barriles, relación que pasó a 4,93 barriles en 2013”, señaló la Fundación.
En el mismo lapso de ocho años, los subsidios que otorga el Estado al sector energético doméstico “se multiplicaron por 40” y en el acumulado de 12 meses a octubre “suman 80.697 millones de pesos (sin contar las desgravaciones impositivas para importar naftas y gasoil)”, añadió.
Para el IERAL, los numerosos cortes de luz que se registraron en los últimos días en el área metropolitana de Buenos Aires y en distintas regiones del país, en medio de una ola de intenso calor, dejaron al descubierto una “cruda realidad: la crítica situación que atraviesa el sector energético” nacional.
“Tarifas congeladas y precios internos muy alejados de las referencias internacionales son el corolario de una política que no se enfocó en generar incentivos a la inversión, a la producción y al uso racional de la energía”, señaló el relevamiento de la Fundación.
Desde enero de 2002 (casi 12 años), cuando se sancionó la ley de Emergencia Pública en la Argentina, número 25.561, que las tarifas se han mantenido prácticamente inamovibles, recordó la entidad en su informe.
“A una industria nacional ya familiarizada con la ´racionalización´ del consumo, ahora se suman los hogares, los comercios y las pequeñas empresas”, agregó.
“Insuficiencia en la generación, sumada a problemas también en transporte y distribución, ponen en evidencia que la abultada cuenta de subsidios a energía, que en 2012 representó nada menos que el 10% del gasto público, no alcanzó para financiar la inversión en el sector sino más bien para cubrir los gastos corrientes”, enfatizó.
Remarcó el IERAL que “la pérdida del autoabastecimiento obliga a cubrir una cuenta de importaciones cada vez más abultada”, ya que las estatales CAMMESA (la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico nacional) y ENARSA (Energía Argentina SA) “absorben el 84% de los subsidios a la energía” que otorga el Estado al sector.
Por último, la Fundación destacó que “una posible quita de subsidios”, en caso de que el Gobierno avance en ese sentido en un intento de acotar el gasto público, “tiene que incluir un régimen de tarifa social que contemple la situación de los más vulnerables” en el país.
