El caso de los supuestos sobornos en el Senado, que significó el comienzo del fin del Gobierno de la Alianza allá por el 2000, llegará mañana a su fin con un fallo expectante, en el que se sabrá si el entonces presidente Fernando de la Rúa es condenado como acusado de promover esa maniobra para conseguir votos opositores a la tan resistida ley de reforma laboral, según publicó Noticias Argentinas.
A más de 13 años de los hechos, culmina un juicio oral y público por este caso emblemático, que quebró desde adentro la Alianza con la renuncia del entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez, el suicidio de una persona clave en el hecho, y la intervención de un “arrepentido”.
De la Rúa, el exjefe de la SIDE Fernando de Santibañes; el exministro de Trabajo, Alberto Flamarique; los exsenadores Alberto Tell, Remo Constanzo, Ricardo Branda y Augusto Alasino; y el arrepentido exsecretario parlamentario Mario Pontaquarto son los acusados, aunque el exsenador Emilio Cantarero quedó fuera del debate por problemas de salud.
El juicio -que comenzó en agosto de 2012- está a cargo del Tribunal Oral Federal 3 y la fiscal Sabrina Namer, quien reclamó las penas de 6 años para el expresidente, De Santibañes, Alasino, Constanzo y Tell; y la de un año y medio para Pontaquarto, que al acumularse con una pena anterior podría ser unificada en tres años en suspenso.
La Oficina Anticorrupción, querellante en la causa, reclamó por la figura de peculado y cohecho las penas de seis años y medio para De la Rúa y De Santibañes, cinco y medio para Alasino, Tell y Costanzo, y la de un año para Pontaquarto.
Ambos acusadores coincidieron en pedir por falta de pruebas la absolución de Flamarique y Branda. A poco de empezar el juicio, se echó a correr una andanada de rumores sobre la posible absolución de los acusados y, si bien no hubo adelanto alguno, sí existieron señales significativas al respecto.
Una de ellas fue semanas atrás cuando el TOF3, al incorporar pruebas por escrito, dictó una resolución en la cual consideró que parte de la instrucción que tuvieron varios jueces, entre ellos Daniel Rafecas, fue al menos desprolija, pues entre otras cosas se tomaron declaraciones testimoniales sin permitir que estén presentes los abogados defensores.
En el juicio declararon gran cantidad de testigos, desde el titular de la CGT Hugo Moyano, pasando por Ramón “Palito” Ortega y “Chacho” Álvarez, quien afirmó tener certezas de que se pagaron los sobornos a los senadores justicialistas.
Las sospechas se basan en un anónimo que circuló en el Senado dando cuenta de ello; en las palabras del histórico Antonio Cafiero, quien en la época aseguró tener la misma versión por terceros; mientras que lo testificado por el “arrepentido” Pontaquarto introdujo más sospechas.
Según señaló Pontaquarto, quien en tren de las varias declaraciones dio distintas fechas de algunos episodios y descripción de lugares, él fue el elegido como “valijero” por su entonces jefe político, José Genoud, titular del bloque de la UCR en el Senado.
Pontaquarto aseguró que hubo una reunión a fines de marzo o principios de abril de 2000 en Casa Rosada, en la que De la Rúa consultó sobre cómo iba la negociación para la aprobación de la ley y, ante la advertencia de Genoud sobre que los justicialistas no estaban apoyando, el Presidente remató: “Arreglenlo con De Santibañes”.
A los pocos días, siguiendo con su versión, Pontaquarto retiró 5 millones de pesos de la SIDE y los repartió: sobre ello está la ubicación que arrojaron las celdas telefónicas a partir de las llamadas realizadas ese día, aunque para las defensas se trata de una información relativa pues las mismas no pueden dar como resultado un lugar exacto.
Genoud, que sufría cáncer, se suicido en septiembre de 2008 con un disparo en el corazón por lo que la Justicia no pudo contar con su testimonio en el juicio oral.
Durante el juicio se realizaron dos inspecciones oculares, una en Casa Rosada y la otra en el edificio de la SIDE para corroborar las descripciones dadas por Pontaquarto, y eso también formará parte de la prueba que tendrán en cuenta los jueces Guillermo Gordo, Fernando Ramírez y Miguel Pons para determinar si es o no creíble la versión del ex secretario.
Al final del juicio, cayeron como balde de agua fría los alegatos de Pontaquarto, quien por medio de su abogado sostuvo que todo lo que él dijo era verdad pero que debía absolverse a todos los acusados porque la Justicia no pudo probar los hechos.
Este lunes, seguramente en horas de la tarde, el Tribunal dará a conocer el veredicto, aunque los fundamentos se conocerán más adelante.
