El ex secretario de Seguridad, Enrique Mathov, y el entonces jefe de la Policía Federal, comisario Rubén Santos, comenzarán a ser juzgados desde hoy por la represión del 19 y 20 de diciembre del 2001, que obligó a renunciar al entonces presidente Fernando de la Rúa.
A doce años de la pueblada, el Tribunal Oral Federal 6 (TOF6) juzgará a 17 acusados por cinco de las muertes producidas en la Plaza de Mayo, el Congreso y las inmediaciones del Obelisco porteño, sin considerar el total de 32 registradas en todo el país durante la vigencia del estado de sitio decretado para reprimir las protestas.
Además de Santos y Mathov, el único funcionario político que llega a juicio, en el banquillo de los acusados estarán los entonces superintendente de Seguridad Metropolitana y el director general de Operaciones, comisarios Raúl Andreotti, y Norberto Gaudiero, responsables jerárquicos del accionar policial.
A los cuatro se les imputa homicidio culposo (sin intención) reiterado en cinco oportunidades, lesiones culposas ocasionadas a 117 personas, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público de cuidado, por impericia o negligencia.
Otros cuatro ex integrantes de Asuntos Internos de la Federal – Carlos José López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez y Orlando Oliveiro — están acusados por el homicidio doloso de Alberto Márquez, de 57 años, quien fue baleado en inmediaciones del Obelisco por los policías, que circulaban en un auto particular.
Los acusados deberán responder por la muerte de Diego Lamagna, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez, pero las penas posibles varían según la imputación, aunque algunas podrían llegar hasta 25 años de prisión.
De la Rúa declarará como testigo pero no figura entre los acusados dado quefue desprocesado en el 2002 y la sala II de la Cámara Federal porteña corroboró el criterio de que carecía de conocimiento exacto de la situación.
La única disidencia fue del camarista Horacio Cattani, quien puso en duda que el presidente no estuviera anoticiado de lo que estaba ocurriendo tras su decreto, pero a fines del 2012 Casación confirmó el desprocesamiento, ahora apelado ante la Corte Suprema.
En la línea de las “responsabilidades políticas” y no sólo operacionales fue procesado el entonces ministro del Interior, Ramón Mestre, quien además fue uno de los firmantes del decreto de estado de sitio, pero falleció en el 2003.
