Las autoridades municipales de Victoria clausuraron preventivamente las actividades que la empresa agropecuaria de capitales holandeses y chilenos Bema Agri, que explota ilegalmente un predio en la isla Irupé, de jurisdicción victoriense y ubicada frente a la localidad santafesina de Villa Constitución, según publica el diario La Capital.
El gobierno de la ciudad entrerriana rechazó el descargo presentado por la empresa y señaló que la misma explota la agricultura en una isla y realizó movimientos de tierra, actividades expresamente prohibidas en esa zona.
Días atrás, una comisión integrada por María Aldao, del área Habilitaciones; la secretaria de Planeamiento y Obras Privadas, Patricia Amato, y el asesor legal, Andrés Marchese, se trasladaron hasta la isla Irupé, donde la firma Bema Agri desarrolla una producción de soja y otros cultivos de estación, pero además avanzó sin autorización en obras de infraestructura dentro del ejido municipal al que pertenecen esos terrenos privados.
La delegación requirió al personal que allí se hallaba las habilitaciones correspondientes, requerimiento que no pudo ser satisfecho.
Además los funcionarios constataron la existencia de una planta acopiadora de cereales con cuatro silos, silos bolsa, una vivienda y depósito, además de una gran diversidad de maquinaria agrícola y agroquímicos.
También se constató la existencia de un galpón en construcción y la presencia de ganado vacuno en cantidad y de procedencia inciertas. Los apoderados de la firma Bema Agri indicaron además a los funcionarios que sembraron en la isla 300 hectáreas de trigo aproximadamente.
Violación. La empresa viola al menos cuatro ordenanzas del municipio victoriense y la ley 8.967 de la provincia entrerriana por realizar tareas prohibidas EM_DASHsiembra, construcción y movimientos de sueloEM_DASH en esa zona, haciendo caso omiso incluso a resoluciones anteriores del Departamento Ejecutivo que ordenaban la inmediata paralización de las tareas. La ordenanza municipal Nº 2.406, habilita al Departamento Ejecutivo a clausurar estas actividades por no contar con los permisos correspondientes.
El problema de la presencia de la empresa en esa isla del Delta se remonta a varios años atrás. En 2007 y 2009 sendos intentos de instalarse fracasaron luego de que los cultivos y terraplenes entonces construidos fueran arrasados por las crecientes.
La empresa que hoy siembra sorgo, soja y trigo construye ilegalmente terraplenes, diques, acequias y corta cursos de agua para resguardar los cultivos y la circulación interna. En marzo de 2008 adquirió más de 8 mil hectáreas de islas.
La “isla de los holandeses”, tal como la llaman los lugareños, está circundada por los arroyos Estévez, San Lorenzo y Los Laureles y tiene casi 10 mil hectáreas de extensión, de las cuales hoy se dedicarían unas 500 para la siembra de sorgo, aunque también se ha cosechado maíz, trigo y soja. Testigos que han tenido la oportunidad de ver la isla desde el aire observaron que los lotes se dividen en cuadrículas, de las cuales se cultiva en sólo una porción, lo cual sugiere una estrategia de aprovechamiento del suelo o rotación de cultivos.
Según comentan navegantes habituales de la zona, la riqueza de la tierra es tal que “las plantas de soja que supieron sacar tenían más de un metro de alto y las mazorcas de sorgo, que habitualmente pesan 400 gramos, salieron de 800”.
Herrramientas legales. El municipio de Victoria cuenta con toda una serie de elementos jurídicos que juegan a favor de la decisión tomada por la Asesoría Letrada. La ordenanza 2.185 declara a los humedales “área natural protegida”, en tanto que la prohibición de siembra en la zona Delta está contemplada en la ordenanza 2.472.
También la ordenanza 1.787 establece que “todo emprendimiento en territorio de Islas del Paraná, dentro del ejido de Victoria, en lo que respecta a construcción, modificación de la topografía del terreno, alteración del ecosistema, quedará supeditado a la aprobación previa del Concejo Deliberante”. Además, la Constitución, en el artículo 83 establece el poder de policía ambiental, será de competencia concurrente entre la provincia, municipios y comunas, además queda claramente explicado que es el Estado el que fija la política ambiental.
Exigen respuestas ante la inseguridad en V. G. Gálvez
La Comisión de Apoyo a la Seguridad (CAS) de Villa Gobernador Gálvez manifestó su preocupación por la creciente ola delictiva en la ciudad, y reclamó respuesta al gobierno provincial. Sus integrantes señalan que que los vecinos han perdido sus libertades y que “apenas se oculta el sol, abandonan plazas, veredas, y viven detrás de las rejas de sus hogares”.
La sensación es que junto a la inseguridad crece la desconfianza hacia la policía y hacia la propia Justicia, y se espera en vano que las autoridades atiendan los teléfonos cuando son requeridas.
“Esta situación inquieta sobremanera a los vecinos, empresarios y dirigentes sociales de esta ciudad, quienes quieren ayudar para que se viva con más seguridad”, manifestaron desde la comisión, cuyos integrantes consideran “fundamental” que las autoridades políticas provinciales “no se desentiendan como lo están haciendo”. Y consideran que “lo más grave es que no son capaces de construir una política de seguridad perdurable en el tiempo”.
Sin respuestas. El coordinador de la comisión, Augusto Bracca Santoro, reveló que “tras varios meses de pedidos de reuniones al gobierno provincial, no se ha recibido ninguna respuesta. Es así de simple, la provincia no atiende los reclamos de la comisión. desde hace dos años estoy en la coordinación de esta entidad y sólo una vez vino Gustavo Zignago (responsable del trabajo territorial de la secretaría de Seguridad Comunitaria en el Nodo 4)”, dijo.
Bracca Satoro recordó que existe un buzón de denuncias anónimas y hasta una dirección de correo electrónico, pero protestó porque “nadie de la provincia se acerca a informarse acerca de ellos. Además de la falta de cumplimiento de los responsables del área de seguridad, el municipio tiene una gran deuda del Fondo para el Desarrollo Productivo con la CAS”. Y reveló que “hay más de 200 escuchas que no son atendidas. Esto es una falta de respeto, no sólo hacia los vecinos, sino también a las instituciones; entre ellas, la Cooperativa Telefónica de la ciudad, que ha puesto infraestructura, tiempo y tecnología en este trabajo”.
La Comisión de Apoyo a la Seguridad es un organismo que se reúne periódicamente en la Asociación de Comercio e Industria. Desde este espacio se impulsó el funcionamiento del 911 para la emergencia, la instalación de la Subcomisaría 26ª, y ayudan a las fuerzas policiales a solucionar problemas cotidianos.
Se trata de un espacio donde instituciones de la ciudad, junto a vecinos que donan su tiempo, se reúnen para apoyar al Estado en cuestiones de seguridad.
