La Cámara Federal de Salta confirmó hoy el procesamiento del empresario Carlos Pedro Blaquier, titular del Grupo Ledesma, en la causa donde se lo acusa por secuestros de personas en la última dictadura.
Horacio Aguilar, uno de los abogados de Blaquier, informó que la medida será apelada ante la Cámara Federal de Casación Penal y que incluso acudirían a tribunales internacionales, y aseveró que “no existe ninguna conducta que pueda ser considerada delictiva” de parte del empresario y del también imputado gerente administrativo Alberto Lemos.
La Cámara confirmó el procesamiento de Blaquier como presunto cómplice primario de la privación ilegal de la libertad agravada en tres hechos y de Lemos como supuesto partícipe secundario. El tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas y ratificó el fallo del juez federal Fernando Poviña.
El juez investiga más de 20 casos en la causa Burgos -que trata los hechos de “La Noche del Apagón”-, y los secuestros del intendente de Libertador San Martín, Luis Aredez; Omar Gainza y Carlos Melián. Estos tres últimos casos fueron confirmados por la Cámara, cuyos integrantes señalaron en que “en aquella madrugada del 24 de marzo de 1976, es decir, el mismo día del golpe de estado, se practicaron la mayor parte de las detenciones de las víctimas”.
Según publicó El Litoral, el fallo dice que “debe tenerse en cuenta que en oportunidad de las detenciones se contó con el aporte de camionetas del Ingenio Ledesma” y destacó que “por la forma en que se brindó este apoyo logístico a las fuerzas de seguridad, es razonable y lógico inferir prima facie que existieron contactos o solicitudes previas a tales fines, los que ineludiblemente debieron tener lugar con directivos de la empresa”.
Esa colaboración, dijo, debió “necesariamente ocurrir” teniendo en cuenta “el orden normal del desenvolvimiento de una sociedad anónima (como la que corresponde al Ingenio Ledesma)” pues “la labor de detención planificada y simultánea en aquel 24 de marzo de 1976 por parte de las fuerzas que la encabezaron y desarrollaron no pudo coordinarse sino con antelación”.
Así, se confirmaron los procesamientos por los secuestros de Aredez (primera detención), Gainza y Melián, se añadió. Por su parte, el abogado Aguilar indicó que “vamos a recurrir a la Cámara de Casación Penal e incluso a organismos internacionales, porque se están violando normas internas y constitucionales”.
Al respecto, el letrado insistió con la denuncia de que “el fiscal Pablo Pelazzo no es un fiscal designado conforme al procedimiento constitucional, sino que antes era querellante y, además, fue desplazado el fiscal natural (Domingo Batule)”. Pelazzo “era el acusador, se puso traje de fiscal y siguió actuando como abogado particular, ocultando pruebas presentadas por la empresa”, sostuvo Aguilar.
Asimismo, aseveró que “está absolutamente demostrado que no existe ninguna conducta de Blaquier ni de Lemos que pudiera ser considerada delictiva”, y enfatizó que “jamás Ledesma prestó camionetas (a las fuerzas represoras) ni hay pruebas que lo demuestren”. Tras expresar que “confiamos en las instancias superiores” de la Justicia ante los recursos de la defensa, Aguilar destacó que “hay otro dato importante: la Cámara no admitió la calificación de homicidio que pretendía imponer el fiscal”.
