Los empresarios y legisladores que participaron esta semana de una suerte de debate público contra estas gabelas en la Cámara de Diputados bonaerense coincidieron en que la vía judicial “es la única solución para minimizar el impacto sobre los precios de los productos”.
De hecho, el consorcio de empresas -cuyos nombres no trascenderán hasta que la Justicia se expida- encararon 3 acciones judiciales que se tramitan por separado contra 3 municipios bonaerenses, “elegidos de común acuerdo por las firmas”, explicó a Infocampo el abogado Álvaro Luna Requena, asociado del estudio de Beccar Varela.
Uno de los tres recursos de amparo se radicó en Lanús y “los otros dos preferiría mantenerlos en reserva, hasta tanto no haya una resolución”, dijo el legista, para agregar que en el caso de Lanús, el Juzgado Federal de Lomas de Zamora hacia fines del año pasado se declaró competente y otorgó una medida cautelar por la cual se le ordenó a la municipalidad que se abstenga de cobrarle el tributo a las compañías que accionaron y que se abstenga de afectar la comercialización de estos productos hasta tanto recaiga una sentencia firme”.
Además de la cautelar del Juzgado Federal de Lomas de Zamora contra Lanús, existen otras dos acciones sobre las cuales se mantendrá “un estricto silencio hasta recibir el oficio correspondiente”. Sin embargo, Infocampo pudo saber que en una de esas acciones la Cámara Federal de La Plata concedió hace un par de semanas una medida cautelar, conformando un primer precedente.
El tema fue que “el Juzgado Federal de La Plata nos rechazó la medida cautelar, por lo que nosotros apelamos la resolución a la Cámara, que acaba de notificar que se nos concedió la cautelar, revocando el rechazo del Juzgado de La Plata y ordenando a la municipalidad abstenerse del cobro de las tasas”.
Según confió Rodrigo Bunge, director ejecutivo de la Copal, las industrias alimentarias están planteando la inconstitucionalidad de esta tasa, de acuerdo con el Código Alimentario Nacional, “que es una norma federal que específicamente establece que las facultades de los municipios para controlar los alimentos se limita a un control en boca de expendio”. Es decir, que el Código Alimentario Nacional garantiza en forma categórica el libre tránsito de los productos, una vez que han sido certificados por las autoridades sanitarias.
Por otra parte, sostienen que “se está violando la Constitución, porque lo que se están generando son barreras aduaneras interiores, y se está discriminando a los productos por origen”, agregó Luna Requena.
De hecho, existen antecedentes sobre recursos de inconstitucionalidad, presentados por el INV contra las gabelas cobradas por Lomas de Zamora, Echeverría y Almirante Brown, pero sustentados en la Ley Federal, conocida como Ley del Vino. El otro antecedente es una acción iniciada por la Copal junto a Reginald Lee S.A. contra los municipios de Florencio Varela y Ensenada.
Marianela Garbini
mgarbini@infocampo.com.ar
