El secretario de Ambiente, Juan José Mussi, se apresta a viajar a la región de Salí Dulce para tratar con los gobernadores de Tucumán y Santiago del Estero, así como con los responsables de los ingenios con destilerías, la firma del convenio para implementar un plan de saneamiento de la cuenca.
“Primero habrá una reunión entre Mussi y el gobernador Alperovich; después se reunirá con nosotros porque está elaborándose desde la Secretaría de Ambiente un acta acuerdo de compromiso, donde este organismo sería el garante dentro de la Corte Suprema”, confirmó el gobernador santiagueño Gerardo Zamora.
Precisó además que “hubo algunos planteos que se hicieron por parte de Fiscalía de Estado de la Provincia de suspender la producción y la Corte Suprema no ha rechazado, por lo tanto ha dado diez días de plazo a la Secretaría de Ambiente para que se elabore el proyecto”.
El gobernador dijo que estos avances que se llevan adelante a partir de la intervención de la Justicia “están apresurando los pasos de la firma de un acta acuerdo donde habrían obligaciones a cumplir y que nosotros esperamos que se cumplan de manera que no se siga judicializando; y si no cumplen, dejamos las puertas abiertas para que la Corte Suprema tome jurisdicción en una jurisprudencia con un antecedente similar a lo que es el Riachuelo Matanza”.
Por su parte, la Legislatura tucumana autorizó al gobernador, José Alperovich, a firmar un convenio con la provincia de Santiago del Estero, Secretaría de Ambiente de la Nación y la Defensoría del Pueblo de Santiago del Estero, con el objetivo de que durante la zafra 2012 no haya vinaza ni cenizas en ríos y arroyos que desembocan en el lago de Las Termas de Río Hondo.
En el texto se destaca que Santiago podrá ceder su jurisdicción a la Secretaría de Ambiente de la Nación para realizar controles, aplicar sanciones y actuar con poder de policía sobre las actividades de los ingenios que generan residuos tóxicos y los vuelcan a la cuenca Salí Dulce.
También se instituye un mecanismo de consulta o participación ciudadana para fiscalizar el plan que trata de erradicar la vinaza. Esto otorga la posibilidad a que las defensorías del Pueblo de Santiago, Tucumán y de la Nación, organizaciones sociales y ambientalistas, formen parte de las supervisiones. Se aplicarán monitoreos y auditorías permanentes sobre la actividad industrial y sus efectos en los recursos hídricos.
El plan implica el cumplimiento de una serie de requisitos por parte de las plantas como ceniza y vinaza cero a partir de 2012, tratamiento integral del agua de lavado de caña hasta 2013, clausura de la fábrica que incumpla y la participación de la Sayds como garante y con facultad para aplicar sanciones. Según fuentes nacionales, Mussi estaría este jueves o el miércoles 4 de enero en Tucumán y en Santiago para cerrar un convenio que lleve a destrabar el conflicto.
