Un grupo de familias del chaco salteño acusó al director técnico de la Selección de fútbol, Gerardo “Tata” Martino, de comprar sus tierras y tramitar una autorización de desmonte para venderlas con el permiso otorgado, pese a que parte de la propiedad es un área protegida por la ley de bosques. El expediente exhibe varias irregularidades y contradicciones, según indicó un artículo publicado en Infobae.
El conflicto comenzó en 2010, cuando Martino compró junto a tres socios dos de los catorce lotes de la finca El Totoral, ubicada en el departamento Rivadavia, en Salta, en una de las zonas más pobres del noroeste argentino. Son más de 5 mil hectáreas en total. Pero se encontró con que allí vive desde hace unos 120 años la familia Rea y que otra treintena de familias usan esos terrenos para pastar.
Los Rea son ocho: la madre con siete hijos. El padre falleció hace unos años, al igual que otros dos hijos. Argumentan que siempre vivieron allí y que son la quinta generación instalada en un puesto bautizado como La Esquinita, porque queda justo en un ángulo de los dos lotes que compró Martino. Sus terrenos son explotados también por una veintena de familias del vecino paraje el Lecheronal y otra diez del paraje Climaco. Son los legítimos propietarios de las tierras, aunque nunca reclamaron judicialmente su titularidad, pese a que están en condiciones de hacerlo.
Infobae intentó comunicarse con Martino para conocer su versión, pero los voceros del DT no respondieron a los pedidos de entrevista. Aún así, este medio pudo reconstruir su posición en base a varios testimonios que brindó en distintos canales informales. Al parecer, Martino dice que compró los terrenos de buena fe, que no sabía que había gente viviendo y que su objetivo no es explotarlos, sino hacer un negocio inmobiliario.
Sin embargo, antes de intentar venderlos, Martino y sus socios consiguieron del Ministerio de Ambiente de Salta un permiso de desmonte sobre 1.700 hectáreas y de desbajerado sobre otras 700. El DT asegura que desde el propio gobierno de Salta le recomendaron que obtenga la autorización para arrasar con los bosques nativos antes de ofrecer los terrenos, porque así es más fácil conseguir un comprador.
A primera vista, dos cosas llaman a la atención. Por un lado, si Martino tiene razón, sería grave que un Gobierno provincial promueva el desmonte. Por otro, en lugar de accionar contra el vendedor –que lo habría estafado y le vendió una propiedad que al poco tiempo fue embargada–, el técnico busca avanzar contra la familia Rea, a la que le ofreció apenas 100 hectáreas.
El problema de fondo son los desmontes y los desalojos a comunidades criollas y originarias. Según cifras del Ministerio de Medio Ambiente nacional, entre 1998 y 2014 se desmontaron, sólo en Salta, 1.320.988 hectáreas de bosques nativos. Es la provincia más afectada, detrás de Santiago de Estero.
La Auditoría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo aseguran que parte del problema tiene que ver con dos decretos del gobernador Juan Manuel Urtubey que violan abiertamente la ley de bosques, ya que consagraron la posibilidad de rezonificar terrenos a simple solicitud del titular de la finca para que puedan pedir permisos de desmonte. En Greenpeace estiman que esta maniobra habilitó la deforestación de unas 120 mil hectáreas que están protegidas, casi un tercio del total de los bosques nativos destruidos en Salta desde la sanción de la ley en 2007.
