Supongamos que el día de mañana cada productor tendría la obligación de llenar un formulario detallando qué sembrará, cuándo lo hará y cómo. Que luego entregará ese formulario al Ministerio de Agricultura, para que el organismo público controle en tiempo y forma si efectivamente ese esquema productivo se está llevando a cabo en la realidad. ¿Sería una locura? La respuesta es sencilla. No, el 98% de la producción de granos de Uruguay se adapta a este esquema.
La política de Conservación de Suelos del país vecino funciona hace tres años y “el proyecto comenzó por la expansión de la soja. En Uruguay hay pocos suelos de calidad y se hacía el mismo sistema productivo, con la misma tecnología, y solo con la oleaginosa como protagonista”, explicó Mariana Hill, Directora General de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura de Uruguay.
“El problema más grande que eso generaba era la erosión hídrica, por lo cual se hizo una ley en el 2008 que obligaba a todos los productores a contratar a un Ingeniero Agrónomo para informar qué plan de uso y manejo de suelos iba a efectuar”, comentó la Ingeniera Agrónoma. Cabe aclarar que dicha ley no se aplicó hasta el 2010.
El objetivo es sencillo. Tener la mayor cantidad de información posible sobre los suelos. Qué hay sembrado en ellos y en qué estado se encuentran. Si un productor posee buena calidad de tierras y quiere hacer soja sobre soja, lo hace. El ministerio uruguayo no se mete en qué va a hacer cada uno. Pero si el productor informa que hará sorgo, y siembra soja, la fiscalización del organismo intervendrá.
Una vez implementada la ley y puesta en funcionamiento, el Ministerio comenzó a fiscalizar que esas declaraciones juradas de planteos productivos tengan real equivalencia en los campos.
“Por un lado se fiscaliza el cumplimiento del Esquema Productivo, y por otro, el uso de Buenas Prácticas. El incumplimiento de alguna de las dos puede conllevar apercibimientos, y en algunos casos más extremos, multas de hasta 350.000 dólares. Pero la idea no es recaudar dinero, sino que los productores utilicen responsablemente los suelos”, informó la especialista en Recursos Naturales.
Un ejemplo de malas prácticas es la utilización de los desagües naturales del campo. “Si laborean esos desagües es una falta grave porque están impidiendo que el agua escurra y circule como corresponde. Y si en lugar de trabajarlos los queman, también están incurriendo en un error, porque pueden contaminar las napas”, detalló Hill
¿Implementación en la Argentina?
“Claro que se puede implementar en la Argentina, es más, muchas de las empresas a las cuales fiscalizamos en Uruguay son argentinas”, aseguró la Ingeniera y entre risas agregó que “el boom de la soja trajo muchos argentinos para este lado del Río”. Una de las empresas que opera en el país oriental es la firma de la familia Grobocopatel.
Una de las explicaciones por las cuales Mariana Hill considera que la normativa tiene aceptación y funciona correctamente es porque “antes de realizar un control estricto armamos una fase piloto con productores, empresas, ingenieros agrónomos y varios actores de la cadena agrícola, que hicieron grandes aportes al diseño final que hoy se usa. La Argentina podría seguir ese camino público/privado y ponerlo también en funcionamiento”.
“Todas las presentaciones de los planes productivos se realizan por internet, y no se envía ningún papel al ministerio u otro ente regulador. Eso hace que sea más fácil aplicarlo”, finalizó.
Por Facundo Mesquida / @JFMesquida
