Mediante la resolución 585/2012 del Ministerio del Interior y Transporte, el Gobierno nacional dispuso la intervención administrativa de la empresa Sociedad Operadora de Emergencia Sociedad Anónima (Soesa), que mantiene la concesión del servicio desde el año 2006, cuando se declaró la emergencia en el ferrocarril.
La medida, que regirá a partir de hoy por 90 días, busca “evaluar el nivel de cumplimiento de las obligaciones a cargo de las partes”, en el marco del Decreto Nº 1.771/2008 dictado hace 4 años donde se dispuso el “inicio del proceso de terminación del Contrato de Concesión”.
Según señala el escrito, la resolución excluye “el tramo urbano del área metropolitana de Buenos Aires” y designa al Lic. Carlos Domingo Zarlenga como interventor administrativo de Soesa.
Zarlenga tendrá la tarea de presentar durante los 90 días informes mensuales “sobre el estado de situación en que se encuentra la gestión” y “disponer la realización de las inspecciones, verificaciones y auditorías necesarias para determinar el cumplimiento de las obligaciones a cargo de la operadora”, según apunta el escrito.
La Secretaría de Transporte declaró en inicios del año 2006 el “estado de emergencia” de la compañía y puso como gerenciadora a una sociedad empresarial-sindical que encabezó el grupo de Franco Macri con un socio chino, representado por la firma Iecsa. Actualmente, el empresario gestiona Soesa junto a Roggio, Emepa, y los gremios de la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y la Federación de Camioneros.
Durante el 2008, el Gobierno nacional dispuso la prorroga del servicio, haciéndose cargo de la continuidad laboral y del pago de salarios de la empresa concesionaria.
Desde su privatización, a fines de los 90 a manos de la Unión Ferroviaria, el ferrocarril nunca pudo atender las demandas de fletes de los productores que habitan las trece provincias que recorre su red ferroviaria, de más de 4.000 kilómetros.
