El proyecto de vacunación antiaftosa del Senasa llega a la Corte Suprema

Desde mayo de este año, la Corte Suprema de Justicia tiene en sus manos una causa iniciada en 2003 en la ciudad cordobesa de Río Cuarto por un médico veterinario local que se decidió a demandar al Senasa por el ejercicio libre de su profesión para vender y aplicar dicha vacuna, en el marco del Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa.

El denunciante es el titular de la firma Agroveterinarias La Rural, Arnaldo Pra. La denuncia, según sus palabras, ‘no tiene nada que ver con un ataque al campo, sino con un problema profesional y económico’.

Muchos de sus conceptos de entonces cobran vigencia ahora con el proyecto del Senasa, al que los ruralistas se oponen ‘más por intereses económicos que sanitarios’, dice Pra.

‘El 45% de la facturación de la Sociedad Rural de Río Cuarto proviene de la venta de vacunas antiaftosas, cuando debería solventarse con el aporte de sus socios por tratarse  de una entidad privada’, había denunciado Pra ante la Justicia cordobesa en 2003.

Es que, según su denuncia, la Unidad Ejecutora Local (UEL), organismo que administra las vacunas en esa zona, ‘depende directamente’ de la SR local.

El presidente señaló, además, que esta SR llegó a ‘ganar unos 81.700 pesos sólo por la venta y aplicación de la vacuna’ durante 2003, e incluso hoy el valor final de la vacuna en la UEL ‘ronda los 3 pesos por dosis, y que el margen de ganancias para esta entidad es del 70%’.

En cuanto a lo sanitario, Pra aseguró que ‘las veterinarias pueden proveer la vacuna con mejor calidad porque, entre otras cosas, estudiamos seis años en una Universidad; tenemos la habilitación profesional correspondiente; y contamos con mejores equipos de frío y de seguridad’.

De hecho, indicó Pra, ‘vendemos vacunas de mucha más complejidad’. Para el médico, el sistema ideal es que ‘los veterinarios se ocupen de la venta y aplicación de la vacuna; el Senasa sea el organismo de control de su trabajo; y las organizaciones se encarguen de controlar a los productores’.

El organismo sanitario tiene previsto definir en un plazo no mayor a los 60 días el futuro de su proyecto. En Córdoba, también esperan que pronto lleguen novedades desde la Justicia.

(Artículo publicado en la edición de hoy de Infocampo Semanario)