A poco de cumplirse dos años de la implementación del denominado “cepo cambiario”, el sector inmobiliario rural argentino continúa atravesando un frente crítico de gran incertidumbre por las restricciones a la adquisición de divisas, entre otros asuntos.
“La gran carga tributaria que pesa sobre los campos, sumada a una alarmante suba de costos, trae como consecuencia final una baja rentabilidad y hace que el productor rural esté preso de su patrimonio y sin renta alguna”, indicó la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR) por medio de un comunicado de prensa.
“En la actualidad en la gran mayoría de los casos los alquileres de campos están siendo pactados sólo a porcentaje por la falta de liquidez y la imposibilidad de predecir el futuro de nuestra economía”, agrega el comunicado.
“Consideramos necesario que las políticas gubernamentales apunten a seducir a inversores y no ahuyentarlos como está sucediendo en la actualidad”, señaló CAIR.
“Es necesario recordar que la Ley Nacional de Tierras sigue sin ser reglamentada lo que frena por completo las operaciones que involucran a inversores extranjeros, pudiendo ser estos parte de la solución pues hoy pueden aportarle al país los dólares que tanto necesita nuestra economía”, añadió.
“Instamos al gobierno nacional a efectuar con urgencia las equivalencias por zona que la misma normativa establece”, reclama el comunicado.
“Considerando los datos oficiales que revelan que 15.881.069 hectáreas, el 5.93 por ciento del territorio nacional, están en manos extranjeras y que el límite de la ley 26.737 aprobada en diciembre del año pasado establece que el límite máximo es del 15 por ciento, aún quedan muchas operaciones que podrían realizarse a lo largo y ancho del nuestro país”, dealla.
“El campo necesita producir y no lo están dejando. Los países agro ganaderos de la región crecen a niveles más que positivos y nosotros seguimos estancados”, afirmó CAIR.
“Solicitamos a las autoridades nacionales y al Consejo Interministerial de Tierras Rurales el pronto cumplimiento que reglamente por completo el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales en cuanto a las equivalencias”, concluye.
