Mientras la oposición ajusta los números para llegar a tener quórum y los ruralistas prometen ir a reunirse con cada uno de los legisladores que no apoyaron la discusión de un nuevo proyecto de retenciones, antes de que sea tratado, discutido y mucho menos aprobado, ya comenzaron los análisis y críticas que aseguran que tal proyecto de ley es “inviable, malo y técnicamente pésimo”.
Asimismo, y más allá de las opiniones técnicas, los mismos productores autoconvocados pretenden que este proyecto sea modificado.
Alberto Ferrari Etcheberry, especialista en mercados granarios y ex presidente de la Junta Nacional de Granos (período 1983-1985), fue uno de los primeros en ocuparse de desglosar uno por uno los artículos del mencionado proyecto, y asegura que el contenido sustancial del mismo es “pobre, y que más allá de algunas cuestiones puntuales el resto es cháchara”.
“En ningún artículo del proyecto se hace mención al planteo de los autoconvocados del proclamado federalismo”, sostiene.
Los porcentuales que se fijan son absolutamente arbitrarios y no se justifican en los fundamentos (más penosos aún que el texto normativo del proyecto). Y ni siquiera se fijan como porcentuales máximos, por lo que de profundizarse la crisis mundial mañana pueden ser excesivos.
Por ejemplo: para la soja se fija un porcentual de 25 por ciento, y hace dos años, ya en ascenso el precio internacional, era 23,5 por ciento. El proyecto, en su artículo 15, sostiene: “Las alícuotas de los derechos de exportación que gravan los productos, subproductos y derivados enunciados en los artículos 5 al 13 de la presente ley, serán disminuidas en la misma proporción que los productos que les sirven de materia prima”.
Etcheberry discute este artículo. Asegura: “Esto quiere decir que serán los productores los que seguirán subsidiando a los aceiteros y a los fabricantes de biocombustibles. Ni siquiera el proyecto toma la precaución de impedir al Poder Ejecutivo que amplíe la lista de subproductos beneficiados, que formalmente aparecerían como rebajas o disminuciones”.
Y agrega: “Para la soja, si el 35 por ciento baja a 25, los 10 puntos menos son una reducción de 28 por ciento. Si con el 35 que se le descuenta al productor el biodiésel paga hoy sólo 2 por ciento, con el proyecto sería 28 por ciento menos, o sea, el tributo se reducirá a 1,54.
El resto, que recibió del productor, lo embolsa el aceitero. Si con el 35 por ciento que se le descuenta al productor, el aceite y las harinas pagan el 32, con el proyecto sería 28 por ciento menos, o sea 23 por ciento. Y otra vez, el resto que recibió del productor lo embolsa el aceitero”. Finalmente, Etcheberry sentencia: ‘La técnica del proyecto es incalificable y corresponde a la nulidad sustancial”.
Otros de los artículos más criticados son el 11, el 12 y el 13, donde la oposición hace referencia a la no imposición de impuestos a la leche, frutas, yerba, entre otros productos. “Del mismo modo debería decir que no impondrá impuestos al uso del apellido, al aire, a transitar a pie, etc.
En épocas mejores del país, desde 1853, la ley decía: “Es libre la exportación salvo la de los artículos siguientes”. Un estilo sencillo y claro”, dice Etcheberry. El especialista también asegura que es inadmisible que el proyecto no fije bases mínimas para que no lo desnaturalicen; que ignore la “habilidad” de la Oncca y que resguarde al chacarero de maniobras o galimatías burocráticos que, en definitiva, pueden terminar ampliando el negocio de exportadores e industriales.
También le parece un despropósito la creación de una Comisión bicameral que realice el seguimiento de los precios y eleve un dictamen al plenario de cada Cámara recomendando las modificaciones a las alícuotas.
Es que, según Etcheberry, para modificarlas se exige una ley. De esto se infiere que la Comisión debería generar dicho proyecto. Pero no se toma en cuenta que las comisiones bicamerales no tienen esa atribución: al no poder generar el proyecto de ley, vuelve la función del organismo impracticable.
Estas son las principales cuestiones por las que, según los especialistas, el proyecto sería “totalmente inviable e imposible de aplicar”.
Etcheberry no es el único que criticó el proyecto. “Segmentar es posible, pero no como está planteado y mucho menos si tenemos en cuenta que se plantea que cada productor tenga un precio distinto de acuerdo a su rango de productor. Eso lo vemos muy complicado, porque sería tener distintos precios”, sostiene Javier Buján, presidente de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.
“Lo ideal sería la baja de retenciones a cualquier nivel. Llevarlas a 0. Y que te empiecen a retener según tu nivel de producción. Esto es: cuando vendes, te retienen. Por ejemplo, las soja mayo vale hoy 225 dólares.
Todo el mundo percibirá ese valor, al momento de vender y de cobrar. Entonces, se hacen las retenciones de acuerdo a cómo esté inscripto en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (Oncca). Esa sería la única forma de no ensuciar el mercado con tres o cuatros precios distintos’, afirma.
También se sumaron a la ola de reclamos por las deficiencias del proyecto los productores autoconvocados de Santa Fe y Córdoba. Por eso, pedirán reunirse esta semana con dirigentes ruralistas y referentes de la oposición para plantear algunas modificaciones. Es que el proyecto no logra convencer a los productores de base.
“Nosotros queremos una discusión seria y sin apuros ni oportunismos políticos. No queremos que con tal de sumar un voto o una adhesión más, se termine aprobando cualquier cosa y que a larga nos perjudique más que en la actualidad”, indica Marcos Andreani, productor autoconvocado de Santa Fe que coincide con las críticas de los especialistas.
“Nos reuniremos con todos los que podamos y con quienes nos quieran atender, porque están discutiendo algo que en la actualidad no podrá aplicarse y generará que las grandes empresas y pooles de siembra se subdividan en cuántas empresas sea necesario para poder acceder a la baja de las retenciones.
La viveza criolla estará a la orden del día, y volveremos a ser los mismos los que se sigan perjudicando”, sostiene el productor. “Hacemos lo mismo que criticamos del Gobierno. Nos lanzamos a pedir un proyecto que no se quién lo analizó. Y al que le faltan cuestiones primordiales. Esto es otra 125 y nadie se anima a decir nada”, remata Andreani.
Por Gustavo Malem
(artículo publicado en la edición de hoy de El Federal)
