Jorge Elustondo es un ingeniero agrónomo con una fuerte trayectoria en el ámbito de las políticas agropecuarias.
En los 80, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, fue jefe del gabinete del ex secretario de Agricultura Lucio Reca.
Pasó los 90 cumpliendo distintas funciones, hasta que en 2002, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, fue designado vicepresidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, acompañando la gestión de Carlos Vuegen (hoy gerente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna).
En la actualidad, Elustondo participa del Grupo Fénix y dirige el Instituto de Ética y Calidad Agroindustrial, que funciona en el ámbito de la Facultad de Agronomía de la UBA.
Observador y actor de la política agropecuaria, el entrevistado repasa la agenda del instituto pero además aborda la problemática de la relación campo- Gobierno, que viene marcando la agenda política del país en los últimos 60 días.
-¿En qué están trabajando en este instituto de Ética y Calidad Agroindustrial?
-Al inicio, el instituto estaba muy enfocado hacia responsabilidad social empresaria; ahora estamos trabajando sobre los impactos políticos, sociales y ambientales de los modelos productivos y sobre la idea de ordenamiento territorial, dos cuestiones, a nuestro entender, centrales. También nos estamos planteando el tema de cómo se genera conocimiento, quién se lo apropia y de qué manera. Lo que está claro es que el sector público de ciencia y tecnología sigue teniendo una importante participación en la generación de conocimiento, pero durante los 90, el de financiamiento de las universidades públicas y el Inta, por citar dos instituciones, generó condiciones para que actores privados y poderosos, los beneficiarios de las políticas de los 90, capturaran ese conocimiento en condiciones muy ventajosas para ellos.
-Ventajosa, ¿en qué términos?
-Por un lado, el sector privado se apropió del conocimiento público a un costo mucho más bajo que el que debería haber pagado en cualquier otro lugar del mundo. Por otro lado, instaló en el imaginario público la idea de una dependencia tecnológica del conocimiento privado extranjero, en paralelo con que el sistema público era ineficiente y obsoleto, cuando en verdad se estaba proveyendo de él a un costo muy competitivo.
-¿Qué caso concreto hay de esto?
-Por ejemplo, los convenios de vinculación tecnológica que el Inta suscribió con empresas proveedoras de insumos. En los 90 fue el sálvese quién pueda y los institutos competían entre sí para tomar estos convenios. El privado, en vez de tener que negociar con el Estado, directamente se sentaba con un departamento de una estación experimental, o con el biotecnólogo, y hacía su acuerdo. Yo me encontré con investigadores que me decían que habían entrado al sistema público para investigar libremente y que se encontraban con la paradoja de tener que firmar un convenio de vinculación con una empresa para poder seguir trabajando.
-También se liquidaron otros organismos.
-Correcto, y el desmantelamiento de la Junta Nacional de Granos está totalmente vinculado con el de financiamiento del Inta. Con la liquidación de la JNG se produjo un proceso de transferencia de renta desde los eslabones más débiles de la cadena hacia los más fuertes. Y con la falta de presupuesto para la Ciencia y Técnica nacional se generó otra transferencia de renta.
-Bueno, hoy el Inta tiene un presupuesto de $720 millones.
-Si hay decisión política, creo que está en el mejor momento para negociar muy buenos acuerdos con esta realidad.
-¿Y eso está ocurriendo?
-Cuando recuperamos la autarquía durante la gestión de Lavagna, eso comenzó a ocurrir. Se hizo un convenio con Bioceres para la comercialización de trigo y no hay razón para que eso no haya seguido ocurriendo.
-Hablando de eso, ¿por qué el Inta genera cultivares de trigo y no de soja, siendo las dos autógamas?
-Se planteó que, en soja, el Inta tenía que tener un rol de espectador activo, trabajando como mantenedor de los cultivares de las sojas no transgénicas, por si en algún momento se daba una situación de tener que revertir. La decisión fue que el Inta en vez de poner su esfuerzo en sojas transgénicas, donde ya había muchos actores privados trabajando, se dedicara a las convencionales.
-En esta coyuntura del conflicto, ¿cuál sería el rol del Inta?
-Hoy el Inta debería estar en cada región del país proveyendo las alternativas productivas, con sus paquetes tecnológicos, adaptados a la escala de cada actor para hacer realidad esto de la diversificación productiva. Lo que pasa es que esta diversificación se descubrió después del 11 de marzo. Ahí aparece la preocupación por el impacto de la expansión del cultivo de soja y esto es un tema que el Inta tiene muy claro. Con 47 experimentales en todo el país se monitoreaba cómo se iba introduciendo un modelo productivo y sus efectos.
Pero el Inta puede advertir hasta un punto, después se convierte en una decisión política.
-¿Hay calidad institucional en la agroindustria?
-Yo creo que sí. Pero no le podemos pedir calidad y comportamiento al sector privado si no hay reglas de juego claras desde el sector público. ¿Cómo hacemos para medir si un privado está jugando según las reglas, si no las hay o no tienen previsibilidad? Por ejemplo, en Alemania una empresa que vierte sus efluentes a un curso de agua tiene que tomar el agua que utiliza para sus procesos, incluida la bebida, aguas abajo de donde los vierte.
-¿Qué objetivo proponen con el instituto?
-Generar ámbitos de discusión, debate y de generación de consensos en materia de políticas agroindustriales. Convocar desde la Universidad pública a medir los impactos de los modelos productivos y la dimensión política y social del agronegocio.
La decisión política tiene que tener un soporte técnico, académico. Queremos convocar a los egresados de la UBA para reflexionar acerca de lo que pasó y generar las ideas para los próximos 40 años de vida institucional.
