Según una nota del matutino Página/12, antes del golpe de 1976 el INTA tenía unos cinco mil trabajadores y al menos 794 fueron cesanteados durante la dictadura.
Entre ellos hubo detenidos, personas obligadas a renunciar, trasladados, asesinados y cuatro desaparecidos: Marta Sierra, Carlos Alberto Costa Rodríguez, Gustavo Rodolfo Giombini Moser y María José Rapela de Mangone, que estaba embarazada.
Estos datos comenzaron a ser investigados por el juez Rafecas a partir de una causa judicial impulsada por un sobreviviente y familiares de los desaparecidos.
Las víctimas le piden a la Justicia un análisis de lo ocurrido como un “todo” y una revisión de las responsabilidades penales a la luz de la actuación que tuvieron los civiles y en particular la Sociedad Rural Argentina que, desde el Consejo Directivo Nacional del organismo, tuvo un rol determinante en esa depuración.
El escrito, presentado por el abogado patrocinante Rodolfo Yanzón, le pide a Rafecas que evalúe responsabilidades por 1) la confección de listados de futuras víctimas dentro de la institución y 2) por el lugar que los acusados ocupaban en lo que definen como “la cadena de mandos”.
Entre los nombres, aparecen los dos interventores del INTA ya fallecidos: el capitán Alberto Rafael Heredia y su sucesor, David Arias, un civil del mundo empresario. También se menciona al Ministerio de Economía, encabezado por Martínez de Hoz, y a la Secretaría de Agricultura, de la que dependía directamente el Instituto.
Por allí pasaron Mario Cadenas Madariaga, una de las voces de la SRA que tuvo participación en el conflicto por la 125, que se desempeñó como secretario, y Jorge Zorreguieta, subsecretario a partir de abril de 1976 y secretario desde 1981.
Zorreguieta había ocupado un puesto directivo en Coninagro y venía de la Comisión Directiva de la SRA cuando llegó a la Subsecretaría impulsado por Martínez de Hoz, precisa el escrito.
