Las transferencias para tratar de sostener el sector energético ascenderán a 93.000 millones de pesos hacia finales de año, según proyecciones que maneja Empiria Consultores. Entre enero y octubre, ya destinó $64.993,5 millones.
Sin embargo, desde hace al menos 25 años que los usuarios sufren cortes de luz. Y fallas como las que por estos días afectan a numerosas zonas del país generando un sinfín de quejas se registraron también a fines de la década de 1980. Para el ministro de Planificación, Julio de Vido, en tanto, la situación es diferente.
Los especialistas advierten que la problemática no se resuelve por la falta de inversión desde hace años en el sector, como de controles por parte del Estado a las empresas. Los fondos que el Gobierno gira sólo están destinados a cubrir la compra de combustibles y a mantener las tarifas bajas.
“Los subsidios no están destinados a las empresas ni a la inversión de capital. Las transferencias se otorgan para comprar combustible, que es muy caro y cada vez se necesita importar más”, explicó el vicepresidente del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi, Gerardo Rabinovich, en declaraciones al diario El Cronista.
“Un gasto corriente dirigido al consumidor con un fin político que desconoce los fundamentos de la economía energética”, evaluó. Para Rabinovich, incluso con el aumento de los subsidios en caso de continuar con esta medida, las interrupciones en el servicio continuarán porque “la política energética está equivocada”.
La mayor parte de los subsidios (el 80%) en lo que va del año se concentraron en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) y en la Empresa Energía Argentina (Enarsa) que tienen a su cargo el subsidio de tarifas de energía en el área metropolitana y la compra de gas importado para el abastecimiento del mercado interno, de acuerdo a la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
El sistema eléctrico se divide en tres actores: generadoras, transportistas y distribuidoras. Según la asociación, la gran dificultad se encuentra en la última etapa que prácticamente no recibe subsidios. “En la factura de luz, un 30% corresponde al precio de la energía (generación); otro casi 30% al valor agregado de distribución (distribuidoras); entre un 3% y 4% al transporte y el restante 30% responde a impuestos. El Gobierno subsidia la parte del precio de la energía, es decir al cliente no a las empresas”, advierten.
