La quita forzosa del orden del 65% que el gobierno nacional comenzó a aplicar a las compensaciones adeudadas al sector molinero permanecen en un vacío legal que podrían generar acciones judiciales contra el Estado nacional por sumas millonarias.
El último pago de subsidios oficiales al sector molinero liberado por la Oncca se efectivizó el 28 de enero pasado. El 24 de febrero el gobierno resolvió disolver la Oncca para crear la Unidad de Coordinación y Evaluación de Subsidios para el Consumo Interno (Ucesci).
El pasado mes de junio comenzaron a efectivizarse los primeros pagos de compensaciones adeudadas (correspondientes a liquidaciones realizadas a fines de 2010). Pero, a diferencia de lo que ocurría con las compensaciones pagadas por la Oncca, tales desembolsos ya no se publican en el Boletín Oficial.
Otra de las particularidades de los pagos realizados por la Ucesci a los molinos nucleados en Faim es que los montos pagados por las compensaciones adeudadas registraban una quita del orden del 65%. La mayor parte de los representantes de los molinos, al advertir el hecho, cobraron en disconformidad.
El secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno indicó a los directivos de los molinos harineros que el descuento obedece a una nueva fórmula implementada para calcular el monto de la compensación. El problema es que esa fórmula, además de aplicarse de manera retroactiva, no fue publicada en el Boletín Oficial y por ende no está vigente (la fórmula vigente es la determinada por la resolución 3436/09 de la Oncca).
El retraso de los pagos –inflación mediante– sumado a la quita del 65% está generando problemas financieros graves en algunos molinos. Una situación similar –luego de una extensa luna de miel– se observó en 2010 con el sector frigorífico exportador. Ante el cierre de varias plantas, el propio Moreno comenzó a intentar gestionar la venta de algunas de ellas (por el momento no se observó tal metodología en el caso de los molinos, pero no se descarta).
La compañía más comprometida por el vacío legal relativo a la quita es Morixe (controlante de Molino Guglielmetti), al cual cotiza en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y, por ende, debe dar explicaciones a sus accionistas.
La cuestión es que al no haber documentos legales que respalden la quita de hecho aplicada por Moreno, Morixe no tiene recursos para fundamentar el recorte de ingresos generado por dicha quita. Por tal motivo, a comienzos del presente mes envió una carta a la Comisión Nacional de Valores para indicar que las sumas cobradas por compensaciones adeudadas “representan un monto menor al que le corresponde recibir (a la sociedad) conforme a la normativa vigente y la documentación oportunamente presentada” y alertó que la firma hizo “saber a las autoridades que reclamarán mediante las vías legales pertinentes las diferencias que pudieran corresponder” (ver adjunto).
Un dato adicional es que el pasado 7 de junio se publicó en el Boletín Oficial un resolución de los ministerios de Agricultura, Economía e Industria que establece la obligación de pago de los montos efectivamente adeudados al sector (es decir: los montos sin la quita de Moreno), lo que en definitiva avala cualquier acción judicial que las empresas molineras puedan hacer contra el Estado nacional.
