A través del Boletín Oficial, el Gobierno anunció una serie de modificaciones en la operatoria del servicio de algunas líneas del ferrocarril y un nuevo sistema de penalidades, que van desde la multa económica hasta la rescisión de los contratos de concesión, según publicó Infobae.
Entre las novedades se informó que se cedió la operación de las líneas Mitre y San Martín al grupo Roggio (controlante de Metrovías), mientras que Emepa tendrá a su cargo las líneas Belgrano Sur y Roca. La medida fue interpretada de inmediato como una nueva privatización del sistema, una definición que Florencio Randazzo rechazó de plano.
“No hay ninguna reprivatización del sistema ferroviario”, dijo el funcionario al señalar que el mismo sigue dependiendo de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE). “Quienes hablan de una reprivatización ni siquiera leyeron la resolución o, como sucede a diario, lo que tienen es mala intención y buscan confundir a la gente”.
Según Randazzo, lo que se hizo fue “normalizar una situación de emergencia que se había extendido durante años con la existencia de la UGOFE y la UGOMS, que tenían a dos empresas conviviendo por cada línea”. Precisó que “se le asignó a cada empresa una línea diferente, estableciéndose así de manera más clara las responsabilidades en la operación, pero la estatal SOFSE sigue siendo quien conduce el sistema ferroviario”.
“Ninguno de los que salen hoy a opinar y tergiversar el sentido de la decisión que tomamos hizo nada a favor de los ferrocarriles. Es más, muchos de ellos fueron cómplices de la destrucción del sistema, por acción u omisión”, lanzó.
El ministro defendió la decisión y aseguró que no representa un retroceso por parte del Estado: “Hemos dispuesto estos nuevos acuerdos que incrementan el control y la presencia del Estado para que el servicio se preste con calidad. Nuestro gran desafío es demostrar que el Estado puede ser mejor que los privados, tal como lo hicimos con el DNI o el Pasaporte”.
La notificación que se publicó en el Boletín Oficial establece que las empresas deberán presentar planes anuales sobre el funcionamiento, mantenimiento y calidad del servicio. A la par se creó un nuevo régimen de penalidades que prevé sanciones más duras para quienes no cumplan sus compromisos.
